Les proponemos un ejercicio, repasemos algunos temas de la Constitución Política de Colombia: El derecho a la vida es inviolable. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todos nacen libres e iguales ante la ley; tienen derecho a su personalidad jurídica, a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, a la honra, al libre desarrollo de su personalidad. Se prohíben la esclavitud y la trata de seres humanos. Se garantizan las libertades de conciencia, de cultos, de expresión.
Sigamos: Se garantiza el derecho de petición, a la libre locomoción, al trabajo digno, a escoger profesión u oficio; a la educación, al debido proceso, al habeas corpus, a la segunda instancia, a no ser obligado a declarar contra sí mismo; se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; a garantizan las reuniones; la libre asociación; ejercer el control político.
Como si fuera poco, también la Constitución prevé derechos sociales, económicos y culturales como la prohibición de discriminar a las personas por su género, la exigencia de que los derechos de los niños primen sobre los demás colombianos, proteger a los ancianos, integrar a las personas en situación de discapacidad, a la seguridad social como una prestación obligatoria, a la salud, a la vivienda digna, a garantizar la propiedad privada.
Y podemos seguir, pero como se nos acaba el espacio, además por ser la nuestra una Constitución reglamentarista, pues nos quedaríamos cortos. Sin embargo, este repaso permite entender el punto, que nuestra Constitución es moderna, garantista, busca proteger los derechos colectivos y en todo caso ser el camino para una sociedad que nos conduzca a la paz y al desarrollo económico.
Por eso, la pregunta es clara: ¿En serio creen que el país puede mejorar lo que ya está normado en lo más esencial del constitucionalismo moderno, que es garantizar la igualdad de todos los nacionales? Claro que se requieren reformas en asuntos puntuales, más de instrumentación, como la forma en que se hace la política en el país y se elige a los senadores, sobre todo; por supuesto que hace falta sacar adelante la aplazadísima reforma judicial, pero lo esencial ya está, y lo que no se ha hecho es lograr que se cumplan los principales principios.
Por eso, seguimos creyendo que el llamado a una constituyente es una propuesta partidista, que tiene mucho más de sectarismo y de faccionalismo, al estilo de las constituciones del siglo XIX, que a un ambicioso plan de reconciliación, como sí lo intentó ser la Constitución hoy vigente, un pacto social, un acuerdo de mínimos entre diferentes.
El problema de la Constitución no está en sus artículos, está en los colombianos que en lugar de acercarnos a su cumplimiento nos hemos ido alejando de ese propósito. Por eso, es bueno pensar en que lo peor que le puede pasar a Colombia es que se imponga el criterio de simples mayorías, como si eso les diera el aval de anular a las minorías. Todo lo contrario, esto fue el mayor logro de la Carta Magna del 91, no lo echemos para atrás ahora que los que eran minoría dicen ser mayoría, eso solo responde a intereses partidistas.