Lo que queda del Sistema de Salud en Colombia está obligando a los afiliados a hacer gastos de bolsillo propio para obtener medicamentos, cuando hay que continuar tratamientos o hay que preservar la vida. Lo mismo está pasando con otros servicios y tecnologías en salud, que en todo caso los convirtió el Gobierno nacional en una alcancía sin fondo, porque no hay reembolso de dineros y cada día es más lo que hay que destinar para tenerlos. Es lamentable que el país haya llegado a este extremo, pero aún más penoso que no exista autoridad ni persona que frene los desafueros.
Hace unos días publicamos un informe sobre el deterioro de la protección financiera y las barreras de acceso en salud entre 2019 y 2025, estudio de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) con la consultora Álgebra Labs. Determinó un aumento significativo de estos gastos de bolsillo, ya que entre 2022 y 2025 crecieron 57,3%. El estudio habla también de la ampliación de las desigualdades, porque a los hogares de menores ingresos se les aumentaron más estos gastos (63,4%) frente a los que tuvieron hogares de mayores recursos (apenas 15,3%). Adicionalmente, esto está aumentando las brechas sociales porque dichos gastos los están teniendo que hacer en mayor proporción los hogares rurales (61,7%) que los urbanos (26,4%), ratificando las grandes dificultades que siguen teniendo las personas que viven en el campo para ser cubiertas.
La salud se volvió en un doble gasto para los pacientes y sus familias, porque además de lo que tienen que pagar mensualmente como aporte de afiliación a las EPS, y lo concerniente a cuotas moderadoras y a copagos, ahora hay obligaciones de volver a cancelar por lo que ya pagaron. No se compadece que por las demoras en los giros a las EPS y la falta de recursos públicos, que proceden del Gobierno nacional para estos fines, la salud en Colombia esté teniendo que pasar por esta situación que no es más que un deterioro en la protección financiera del Sistema de Salud, y lo grave es que de no corregirlo, la salud pública se seguirá alejando de los más pobres, de los más distantes y de los más enfermos, como concluye este estudio.
Otro dato que demuestra la crisis de la salud es que cayó fuertemente el porcentaje de personas que ante un problema de salud asisten a su EPS, pasando de 55,7% en el 2023 a 43,1% en el 2025. Solamente en este último año, 60,3% de las personas de menores ingresos reportó que no recibió los medicamentos que les habían formulado porque no estaban disponibles en los dispensarios de las EPS.
Son parte de los que llevan más de un año teniendo que salir a comprar medicamentos en droguerías o en cualquier otro lugar, expuestos a productos de regular o de mala calidad o a que si son de alto costo deban cambiarlos por otros más económicos, con el riesgo de lo que implica una automedicación, o en el peor de los casos quedarse sin atender las enfermedades porque no tienen el suficiente dinero para comprar medicinas, pagar consultas y tratamientos. Porque además ya pagaron por todo esto. ¿Nadie responde?