Asumir los compromisos

La empresa estatal Colpensiones no puede pretender, como medida desesperada, ajustar el desfase de su caja exigiendo el traslado de recursos provenientes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son entidades privadas. Esto debido a que el Consejo de Estado frenó el Decreto 415 del 2026 que expidió el Gobierno Nacional, con el que reglamentaría transferencias tasadas en por lo menos 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones, de los cuales esta última esperaba próximamente un primer giro de unos 5 billones, supuestamente para cubrir obligaciones con afiliados que se trasladaron de fondos privados y ya se pensionaron con ellos.
El hueco fiscal de Colpensiones se atribuye más bien a que el presupuesto del 2026 se estableció desde el año pasado en una cantidad bastante inferior, según reconoció la propia entidad, a lo que iba a requerir este año para sus gastos. Esto tiene que ver especialmente con las obligaciones que se han generado, para todo el sistema económico del país, debido al incremento que hizo por decreto el mismo Gobierno Petro del 23% al salario mínimo. Se estima que 8 de cada 10 pensionados de Colpensiones ganan un salario mínimo, y responder a eso es lo que la tiene en aprietos. Cargarle la responsabilidad a las AFP no tiene asidero.
De 120 mil colombianos que se trasladaron de un sistema a otro mediante el Artículo 76 de la reforma pensional, solo 20 mil ya se pensionaron, que le representaría a Colpensiones unos 450 mil millones al año. Los otros 100 mil le están aportando, porque ya hicieron el cambio de administradora. Incluso no se explica claramente por qué Colpensiones siente presión financiera para el pago de las mesadas de esos 20 mil pensionados, pues el presidente de la entidad, Jaime Dussán, ha asegurado que seguirán respondiendo por las obligaciones de los pensionados hasta donde les alcancen los recursos.
No contar con el dinero suficiente para atender a sus nuevos afiliados debe ser motivo de investigaciones, en especial de los organismos de control, puesto que si Colpensiones se encontraba en dificultades financieras no debió recibirlos. Esto demuestra que la reforma pensional, como muchos argumentaron en el Congreso de la República, sí se aprobó careciendo de sustento financiero y técnico. Hoy miles de colombianos pensionados, que venían de AFP, son los que están teniendo que asumir las graves consecuencias de toda esta situación por la incertidumbre de lo que pueda pasar en adelante, puesto que Colpensiones ha dicho que las primeras mesadas las asumió con sus propios recursos, pero no sostiene que pueda seguirlo haciendo.

Pueda ser que un problema administrativo y legal, pero además político, no se traslade y afecte a los ciudadanos. Lo que hay en todo esto es un ineficiente manejo fiscal, porque provisión de recursos debieron haber hecho desde el año pasado, además Colpensiones es una entidad que no deja de recibir dineros de sus afiliados, así el costo de los que ya están pensionados sea elevado. Una decisión judicial no tiene porqué estar generando “profunda preocupación”, como lo manifestaron los ministerios de Hacienda y de Trabajo. Ojalá nada de esto tenga relación alguna con dineros para hacer politiquería, como desde varios sectores lo han señalado.