Vuelve a agitarse la bandera de incorporar la pena de muerte a sistemas penales, incluso en escenarios donde esta decisión había desaparecido o estaba en proceso de extinguirse. Israel sorprendió hace un mes cuando su parlamento revivió esta extrema medida para aplicarla a terroristas, entre los que se cuentan, según el derecho de ese lugar, quienes nieguen la existencia del Estado sionista. En Estados Unidos se empieza a agitar la idea de una ley Federal que reviva esta condena para todo el país, cuando hoy solo está vigente en 27 estados y apenas se aplica en un puñado de estos.
En Latinoamérica aparece cada tanto un espontáneo populista a ganar votos, con la idea de imponer la pena de muerte a los delitos graves o que generan indignación pública, como si no estuviera ya probado que incurrir en este tipo decisiones no es necesariamente disuasorio para otros de cometer delitos. Dos de los potenciales candidatos a segunda vuelta en Perú la proponen, también uno de quienes marca menos de uno por ciento en las encuestas en Colombia. El derecho penal está concebido como la máxima ratio precisamente por su condición extremista, pero no puede ser una venganza punitiva del sistema criminal y menos una moneda de cambio por los votos.
El problema real radica en la impunidad de nuestros países. No se trata del monto de las penas o que estas resultan insuficientes, sino principalmente de que los responsables actúan con la probabilidad de salir impunes entre un 10 y un 20%. Además, esta medida siempre será desproporcionada. ¿Si al culpable de un homicidio se le aplica, entonces qué debe hacerse contra quien comete una masacre o es responsable de varias muertes?
Nadie está negando que hay delitos que superan cualquier capacidad imaginativa que se tenga sobre el mal, pero como bien lo reconoció Anah Arendt, y lo supo describir bastante bien, se cometen grandes crímenes sin que el cielo se caiga o la tierra se abra, sin que haya monstruos, como muchas veces los venden los titulares. No, se trata de personas de carne y hueso. Hay que recordar que la última vez que se aplicó la pena de muerte judicialmente en Colombia fue contra el supuesto incendiario de Quibdó (Chocó), lo que a la postre fue falso. Desde 1910 la pena máxima fue abolida en Colombia y ojalá que así continúe.
Hay que recordar que la Constitución Política de Colombia estableció que el derecho a la vida es inviolable y dejó taxativo que no habrá pena de muerte, pero vale la pena reflexionar sobre quienes se toman la justicia por propia mano y quienes asesinan inocentes en nombre de un bien que dicen es mayor. No, aceptar el homicidio es justificar la violación al máximo derecho, el que nos permite el acceso a los demás. Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales a 7.837 en Colombia, esto es vergonzoso y criminal. Los representantes del Estado deben proteger la vida. Justificar esas acciones nos deben llevar a pensar en la ética nacional e invitarnos al rechazo colectivo. Las instituciones se defienden desde la legitimidad y esta solo se logra con un debido proceso y con el respeto a las normas.