Autoridad para los asentamientos irregulares

Después de que hayan construido bajo cualquier técnica en la figura de ocupación irregular es muy complejo que dejen estos lugares y acojan una posible reubicación. Se trata de un problema social y administrativo que se dejó crecer en Manizales y con el que no se ha hecho ni se sigue haciendo lo suficiente para evitarlo.
En enero del 2024, el alcalde Jorge Eduardo Rojas reportó que en el empalme con la anterior Administración -Carlos Mario Marín- recibió el municipio con unas 400 invasiones. Son de recordación, por en lo que se han convertido, la de la hacienda Potrerillo en la vereda Kilómetro 41, predio incautado para extinción de dominio por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que para julio del 2013 comenzó con 374 familias asentadas y hoy es un centro poblado; Mirador de Samaria, en la parte superior del barrio Samaria (Comuna Nuevo Horizonte), catalogado como zona de riesgo, que en el 2022 tenía 600 construcciones, y actualmente ya tiene la apariencia de barrio.
En el 2025, y luego de hacer un estudio, la Personería estableció que en el municipio eran por lo menos 62 asentamientos informales, 45,2% en zonas de alto riesgo o de protección ambiental y 19,7% en zonas de riesgo medio; pero aclaró que con seguridad son muchos más porque no se cuenta con los mecanismos para identificar exactamente el número de habitantes, pues en toda ocupación hay quienes llegan por necesidad, que es a las que se debe dirigir la asistencia estatal, y otras lo hacen por negocio, que son los que construyen, pero no habitan.
En nuestra edición de ayer publicamos un informe especial sobre el asentamiento La Paz (sobre la Panamericana en la vía Manizales-Villamaría), habitado por unas 100 personas, a quienes les negaron la instalación del servicio de gas domiciliario, porque cuentan con el resto de servicios públicos. La razón es que la zona es de alto riesgo no mitigable y las construcciones se hicieron sobre un área de protección ambiental, características que no permiten urbanizar, según estableció la Unidad de Gestión del Riesgo. Deben ser reubicados.
Hoy se hace administrativamente imposible reubicar a todas estas personas, por los costos que demanda. El Municipio debe revisar y establecer si lo que está fallando es más bien el control desde sus dependencias para evitar a tiempo el establecimiento de estas construcciones y el aumento de ocupantes irregulares y en condiciones deplorables. Manizales recibió un premio internacional por ser ciudad que provee calidad de vida y esto también debe hacer parte de este reto.

No se pueden seguir teniendo terrenos invadidos y que no pase nada. Es una situación de la que se aprovechan los “avivatos” para supuestamente vender lotes sin que les pertenezcan, recibir el dinero y desaparecer. Las autoridades en Manizales deben estar más atentas y frenar estas actividades para que no se extiendan, pero sobre todo apuntarle a evitar tragedias y comenzar de una vez por todas con lo que haya que hacer en reubicación para quienes sí lo necesitan de verdad y procesos legales para los que estafan con estas prácticas.