La voz de la región sobre las concesiones

Si algo ha promovido el actual Gobierno es defender la participación ciudadana en la toma de decisiones que puedan afectar a las personas. Por eso, resulta justa la invitación que hizo el Comité Intergremial de Caldas al presidente, Gustavo Petro; a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que antes de tomar decisiones en torno al futuro de la concesión de la Doble Calzada Manizales-Pereira-Armenia se escuche a la región.
Y desde aquí lo volvemos a decir: que una facción política y un congresista veintejuliero impongan vías de hecho para que no se cobren peajes no los legitima como voceros de todo el territorio afectado. Aquí ha faltado diálogo, señor presidente, con inclusión de los diferentes actores, como se venía dando con la propuesta de IP Conexión Centro, que busca quedarse con la administración de la vía, después de que se termine la tarea de Autopistas del Café, corredor vial fundamental para la competitividad del país.
La solicitud del Intergremial para que la ANI socialice las nuevas propuestas de IP, que al parecer recogen los reclamos de muchos actores sociales después de las primeras socializaciones, es totalmente pertinente y consecuente con un proceso que se ha construido durante un par de años y que no se tiene por qué desechar de plano. También coincidimos en que las alianzas público privadas y los sistemas concesionados son una oportunidad demostrada para el desarrollo del país y no se pueden satanizar.
Lo que el Estado debe hacer es cumplir con su papel de vigilante, de garante y de control para que se cumpla con las condiciones pactadas, algo que por fortuna ha mejorado mucho desde que se concesionó la doble calzada en épocas en que el riesgo país era elevadísimo y por eso las cargas para el Estado fueron superlativas. Las concesiones de quinta generación son otra cosa.
Si mañana martes va a venir la ANI, esperamos que venga con ánimo de escuchar a todos, no a un grupo que anda más interesado en asuntos electorales, que en solucionar problemas a largo plazo. Esperamos que no se esté pensando en la terminación anticipada del contrato de concesión con Autopistas del Café, pues es muy alto el riesgo jurídico y que el Estado termine pagando multimillonarias indemnizaciones por apresuradas decisiones. Aquí se necesitan son acuerdos del Gobierno con las autoridades regionales, con el aparato productivo y con la sociedad civil.

Además, están en riesgo las obras pendientes como las que ganaron en legítima lid las comunidades al promover acciones populares, pero si los excedentes de hoy y de lo que falta se destinan para cubrir lo que se recauda por peajes, pues seguramente esas obras tardarán más de lo debido, como bien vemos que sucede con los corredores en manos del Invías.