Actualización catastral, una responsabilidad compartida

El Gobierno nacional no puede despojarse de haber emitido la Ley 1912 del 2024, que estableció cómo aumentar los avalúos catastrales de los predios en municipios que nunca han hecho una actualización; tampoco puede desprenderse de la Resolución 2057 del 2025, para incrementar el valor catastral de los predios. El avalúo catastral es la base para liquidar la tarifa del impuesto predial, que les corresponde fijar a los alcaldes a través del estatuto tributario con la aprobación previa de los concejos.
Muchos propietarios están teniendo que pagar por lo que dejaron de hacer alcaldes desde 1995, cuando se expidió la Ley 223 que ratificó un periodo de 5 años para que hacer actualización catastral en cada territorio y determinar con ello cambios físicos o de uso en los predios. Dejaron de hacerlo, especialmente en zonas rurales para ganar popularidad, por intereses electorales o compromisos personales. Haberse pasado la ley tanto tiempo es lo que hoy arroja un rezago catastral que está llevando a tener severos incrementos, y si se le suma el error del Gobierno Petro, que expidió las directrices sin soporte técnico; es decir desde el escritorio y sin verificación en campo de la realidad de cada predio, pues volvió un asunto complejo del que se han derivado protestas y bloqueos.
A los municipios solo les queda aplicar las normas. En Caldas, La Dorada, Neira, Aguadas, Pácora, Pensilvania son los que registran mayores incrementos en los avalúos catastrales; desde 3% hasta 383 mil 236%. No obstante, en el resto del país hay aumentos hasta de 2,5 millones% y eso está llevando a otra implicación más delicada, porque al incrementarse los patrimonios se generan efectos tributarios onerosos. Ya muchos propietarios pasan a tener que declarar renta, que es otra obligación tributaria. Lo grave es que los contribuyentes dejen de pagar el predial, que es una de las rentas más importantes de los municipios para hacer inversiones con recursos propios, y con lo que tengan que empezar a lidiar los alcaldes es con una cartera morosa cada vez más grande.
Manizales no está incluida en estos ajustes porque en el 2021, durante la Alcaldía de Carlos Mario Marín, hizo la actualización con el gestor catastral Masora. En su momento también derivó en protestas, quejas y denuncias, pero el argumento fue que se evaluó predio por predio, incluyendo zona urbana y rural. Sin embargo, esto va a golpear fuerte en el resto de Caldas, especialmente a los predios del área rural que eran fincas y se convirtieron en condominios que ineludiblemente no pueden seguir pagando como finca por sus modernas construcciones y características.

Es una pifia lo que dijo el presidente Petro, de destituir y llevar a la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no reduzcan el impuesto predial; además de calificar el aumento del avalúo catastral como excesivo. Queda demostrado que son dos asuntos distintos aunque uno dependa del otro, y que tiene diferentes responsables, incluyendo al Gobierno nacional. Por ello lo más sensato que se puede hacer es tratar de establecer acuerdos de pago, ampliar los plazos de cancelación y revisar caso por caso para no incurrir en injustas liquidaciones del predial.