Ni un candidato más asesinado

Nadie que aspire llegar a la Presidencia de Colombia, sea cualquiera el partido en el que milite y su ideología política, tiene por qué estar recibiendo amenazas debido a su actividad electoral. El más reciente antecedente que tiene este país es el del 7 de junio del 2025.
 

Cobardes son aquellos capaces de amenazar, incluso de muerte, escudados en redes sociales con perfiles falsos desde bodegas digitales pagadas por caciques políticos, y también a través de actos en los que saben que no dejan huella y ni siquiera son capaces de revelar sus nombres, pero que sí les permite intimidar a quien quieren y necesitan ver derrotado. De nuevo, en menos de un año, un militante del Centro Democrático que aspira a la Presidencia de la República es víctima de este tipo de hechos. La imagen del rostro de la candidata Paloma Valencia circuló el domingo en la red social TikTok como parte de una corona fúnebre con la mención “descanse en paz”, a lo que hay que agregarle la vandalización de una de sus sedes de campaña en Bucaramanga. Alertan de las condiciones de inseguridad en las que están haciendo campaña los candidatos.
Nadie que aspire llegar a la Presidencia de Colombia, sea cualquiera el partido en el que milite y su ideología política, tiene por qué estar recibiendo amenazas debido a su actividad electoral. El más reciente antecedente que tiene este país es el del 7 de junio del 2025 con el atentado perpetrado por un menor de edad de 15 años que fue contratado para disparar contra el entonces precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que lo dejó gravemente herido y en coma durante dos meses, hasta fallecer el 11 de agosto del año pasado. Caso por el que siguen las investigaciones en la Fiscalía y las acusaciones. Hasta el momento hay cuatro condenados por haber participado en este magnicidio.
La violencia política en el país tiene en su haber a muchos otros candidatos presidenciales asesinados en plena campaña: Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliécer Gaitán Ayala (1948), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995). Según Human Rights Watch, han sido hechos estrechamente vinculados a las oleadas de violencia en Colombia desatadas por carteles de la droga, guerrillas y paramilitares, muchas veces pagados por políticos.
Esto contrasta perfectamente con que desde el 2016 los homicidios en el país han aumentado 20,9% y los secuestros 34,8%, los desplazamientos forzados masivos se han cuadruplicado, y los confinamientos de poblaciones por enfrentamientos de grupos armados en sus territorios se han multiplicado por diez. Se convierte todo, más las fuertes divisiones en las que está sumido el país, en un perfecto caldo de cultivo para cometer este tipo de delitos políticos.

Faltan 46 días para la primera vuelta presidencial y el clima de tensión aumenta, porque además de la imagen de Paloma Valencia también se sabe de amenazas similares contra el candidato presidencial de ultraderecha y cercano al uribismo Abelardo de la Espriella. Pueda ser que esto no tenga relación alguna con ataques de sectores políticos contrarios a ellos, y de ser así se espera que la Fiscalía actúe con la misma celeridad y eficiencia con la que ha acudido cuando el presidente Petro ha pedido abrir investigaciones y llegar hasta los responsables de señalamientos en su contra. La defensa de la vida y el respeto por el otro y sus posiciones, independiente de cuáles sean, tienen que privilegiarse por encima de todo, así sea en lo electoral.