Cuenta la leyenda que un célebre y pintoresco personaje, recién posesionado como secretario de Educación de Manizales quiso convertir sus aventuras personales en la guía de la Educación municipal. No era el plan de los colegios. Era el plan personal que, de una u otra manera, terminó imponiéndose en varias instituciones educativas.
Pasó algún tiempo, todavía los manizaleños con los tapabocas en los rostros, y el chisgarabís terminó su periplo. Después vino otro de paso aún más fugaz y luego dos más, uno de ellos rematado con sanción disciplinaria. Y mientras cambiaban los nombres en la puerta, la Educación nunca tuvo una línea clara. Fue siempre el vaivén de los intereses del funcionario de turno.
La situación, más allá de la estabilidad o duración de los secretarios, ha sido prácticamente igual en todas las administraciones. Cada una llega con su cuadrilla y con sus prioridades. Pero todas han compartido un rasgo común, el desconocimiento, o peor aún, la omisión del verdadero alcance de las Juntas Municipales de Educación (JUME)
La JUME no es un adorno burocrático ni una reunión protocolaria para llenar actas. Es un instrumento de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, diseñado para que la política educativa no dependa del humor del gobernante de turno. La norma le asigna funciones específicas: verificar el cumplimiento de las políticas educativas nacionales y departamentales en el municipio; fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo; coordinar y asesorar a las instituciones en la construcción curricular; proponer la planta docente y administrativa según las necesidades reales; emitir concepto previo sobre traslados; participar en la inspección y vigilancia; recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de los establecimientos educativos y, además, rendir un informe público anual sobre su gestión.
Es decir, la JUME permite planear la educación con participación social real. Allí tienen asiento la Alcaldía, la Secretaría de Educación, el Concejo, los docentes, los directivos docentes, los padres de familia, los sectores sociales y la educación privada. En otras palabras, la educación pensada por la ciudad y no por una oficina.
A ello se suman los foros educativos municipales y departamentales, también ordenados por la ley, espacios donde la comunidad educativa y la academia pueden debatir el estado de la educación y formular propuestas. Son mecanismos de deliberación pública que legitiman las decisiones, porque dar participación a todos los actores no solo vuelve legales las políticas, sino también legítimas.
Y ese ejercicio debería articularse con Caldas a través de la Junta Departamental de Educación (JUDE) que a cuentagotas funciona en la actualidad. Allí podrían discutirse asuntos de fondo: financiación de la educación, la necesidad de una verdadera ley de competencias o, incluso, el modelo de ciudad y de departamento que se quiere construir desde la educación.
La educación no puede seguir siendo el laboratorio personal de cada administración, ni el proyecto de cada secretario. Debe ser un proyecto colectivo, construido con las comunidades educativas. Esa es, justamente, la función de las JUME, la JUDE y los foros educativos. Convertir la educación en política pública y no en ocurrencia del político de turno en el que cada gobierno llega, improvisa, cambia todo… y se va.
Y si Manizales está mal, los municipios de Caldas y el resto del país van peor. Se nos siguen jumando las JUME.