La llamada

Era el 2017. Una mañana soleada en Paratebueno, ese municipio hermoso de llano y cordillera en el departamento de Cundinamarca. Eran, quizá, las 9:00 a.m. La asamblea de docentes acababa de aprobar, por unanimidad, la participación en el paro nacional. En el ambiente había un coctel de felicidad y convicción. Salimos al descanso, abracé a varios colegas, celebrábamos la decisión como quien defiende su dignidad.
Sonó el teléfono, un número desconocido. Contesté. Era de la Secretaría de Educación, que de manera lacónica me informaba que había sido trasladado. Ese día, que había empezado feliz, terminó siendo uno de los más tristes. Tenía que dejar el lugar que aprendí a amar. A la gente a la que aún sigo queriendo. Todo quedó atrás, mi destino estaba del otro lado del mapa.
Pero esta historia no se inició ahí. Fue en el 2016. Una valiente profe inició un proceso convivencial hacia un estudiante que de manera reiterada ejercía bullying contra sus compañeros. Lo que debía ser un acto pedagógico normal, terminó desatando una cadena de violencia: la hermana del estudiante irrumpió en la institución con la intención de agredir a la docente. Nos interpusimos. Hicimos lo que corresponde a educadores: frenar la violencia.
En mi caso, opté por lo que sé hacer: enseñar. En el aula abrí un espacio de reflexión sobre la resolución pacífica de conflictos, de condenar la violencia, venga de donde venga. Pero enseñar, a veces cuesta caro. Al día siguiente, al ingresar al colegio, frente a todos, fui brutalmente golpeado por el esposo de aquella mujer. Sin palabras. Solo violencia. Ese fue el precio que pagué.
Después vinieron audios con amenazas directas. Hice lo que dicta la ley: acudí a las rutas institucionales. Pero la respuesta no fue protección, ni sanción a los responsables. La respuesta fue el destierro. El desarraigo como sanción.
Confieso que mientras escribo estas líneas, los ojos se me encharcan. No es fácil volver sobre lo sucedido. Pero hay una razón para hacerlo: lo que me ocurrió no es un caso aislado, es más común de lo que se cree, en violencias desde físicas hasta simbólicas, especialmente contra las mujeres.
Hoy son más los docentes y directivos que enfrentan agresiones de integrantes de la comunidad educativa por cumplir su función pedagógica, por enseñar con rigor, respeto y profundidad y eso en el país actual es una acción de alto riesgo.
Sucede en el departamento, sucede en Manizales. Sucede en el país. Y la respuesta institucional, muchas veces, llega a regañadientes: un traslado, casi siempre hacia un lugar distante. Como si proteger fuera, en realidad, revictimizar. Otros profes optan por el silencio, los agobia el miedo a denunciar.
Entonces surgen preguntas inevitables: ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para prevenir estas situaciones? ¿Cómo se acompaña al docente y al directivo para que ejerzan su labor con garantías reales? ¿Cómo protegemos al maestro? ¿Quién está pensando, de verdad, en el docente?
Porque, es justo reconocerlo, la inmensa mayoría de docentes y directivos cumple su labor con compromiso, ética y vocación. Son ellos quienes sostienen, día a día, la escuela. Por eso este texto es un grito desesperado que nace desde el recuerdo, desde el dolor, desde lo que escucho a diario y desde la urgencia de no seguir normalizando lo inaceptable.