Martha Lucía Gómez
Profesional en Desarrollo Familiar. 25 años como periodista de La Patria. Actual editora de Opinión del periódico La Patria. Temas de interés: política, economía, salud, educación, cultura, deporte, seguridad y todo el acontecer local, regional, nacional e internacional.
Correo: martha.gomezlp@gmail.com
En noviembre del 2022, recién posesionado como presidente de la República, la invitación de Gustavo Petro fue para todos los colombianos con título de doctorado y que estuvieran viviendo en el país o en el exterior y que desearan retornar para aportar su experiencia y conocimiento al Gobierno del Cambio. Debían llenar un formulario para la Presidencia y de allí ir seleccionando a los mejores para integrar el equipo de Gobierno.
Faltan cuatro meses y nueve días para que concluya este periodo y será una acción incumplida. Petro saldrá del Palacio de Nariño siendo el Gobierno que más cambios ha hecho de gabinete. Para finales de octubre del 2025 larepublica.co contabilizaba que hasta ese momento había cambiado 62 ministros, lo que arrojaba una duración por funcionario de 19 días en promedio; esto sin tener en cuenta viceministerios, presidencias de entidades y otros altos cargos y altos rangos del Ejército Nacional y de la Policía que se le volvió en una especie de obsesión cambiar.
El Gobierno Petro tuvo la osadía de ir prescindiendo de personal valioso para el país en varios sectores. Aunque son muchos los ejemplos, uno solo y que ha sido noticia en las últimas semanas es Ecopetrol, de donde poco a poco fueron retirados profesionales de experiencia que le aportaban al funcionamiento de esta empresa que hoy atraviesa un fuerte declive y su presidente señalado e involucrado en hechos de corrupción.
No contento con eso, Petro optó más bien por nombrar en las más altas posiciones a personas que no han reunido los requisitos, no tienen los conocimientos suficientes ni cuentan con la experiencia exigida para ocuparlas. Es muy lamentable incluso que se haya mantenido en defensa de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, exfuncionaria de este Gobierno, que intentó ser viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y que esta semana fue imputada por la Fiscalía dentro de una investigación por presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.
La Fiscalía, con su material probatorio, señaló a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, que ejercía como secretario de la Fundación de Educación Superior San José, de presuntamente tramitar y emitir dos diplomas con base en información falsa, que posteriormente Guerrero Jiménez habría presentado, a sabiendas, para aspirar al cargo, incluso sin haber asistido a clases. Ninguno aceptó las imputaciones.
Este proceso continúa y todavía no hay una condena, por ello los imputados gozan de la presunción de inocencia, pero no deja de preocupar que la administración pública desde lo nacional haya estado sometida y expuesta a este tipo de riesgos al contar con personal que no cumple las condiciones suficientes para estar allí, para actuar y decidir sobre lo cosa pública; es decir para todos los colombianos, que es lo más delicado.
El país necesita que el próximo gobierno nacional, el que asuma el 7 de agosto de este año, cumpla rigurosamente con la selección de cada uno de los funcionarios, así sean ministros, viceministros y demás altos cargos. Ninguna entidad del país debería volver a quedar supeditada a errores tan graves de administración, porque los afectados somos los ciudadanos.
Este también debería ser un tema para indagar sobre lo que piensa y propone cada uno de los candidatos presidenciales; cuál es la propuesta que tienen para escoger al personal del que se van a rodear y qué van a hacer para prescindir de quienes definitivamente nunca tendrían que haber llegado a estos cargos.