Al presidente Gustavo Petro se le puede acusar de reducir la brecha socioeconómica mediante la reforma laboral, que recupera derechos perdidos en la era uribista, y el ajuste del salario mínimo vital, con incremento significativo, lo que disminuye la oferta de mano de obra precaria y frena un poco las ganancias excesivas de los dueños del capital.
Se le puede acusar de alterar el statu quo con un giro estructural hacia la "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", revirtiendo siglos de exclusión vía reforma tributaria (20 billones anuales sin IVA a canasta familiar), reforma agraria (2.6 millones de hectáreas con crédito y asistencia), renta básica de 500 mil pesos bimensuales a 775 mil familias, 10 mil equipos de salud en 8 millones de hogares, 88 billones para educación (270 mil cupos universitarios gratuitos, 213 mil hogares conectados, 3 millones en formación virtual), 39 mil empleos en vías y ferrocarriles, 2.500 comunidades energéticas (facturas -60%) y 11.6 billones a municipios posconflicto del 25 al 26 (vs. 8.9 billones en 3 años anteriores).
El Gobierno diversifica ingresos combatiendo el cambio climático: mientras se producen alimentos el aguacate fortalece la soberanía agrícola, el turismo genera 22 millones de visitantes (32 mil millones en divisas), se fortalece el crédito popular (11,2 billones de vivienda 2025, 8.9 billones de subsidios). Gustavo Petro es culpable de implementar el recaudo progresivo ("el que más tiene, más paga"); la inversión social masiva; la inflación controlada, pese al Banco de la República; es culpable de que los motores de la agricultura y el turismo se potencien; de los avances en educación y salud, todo con una sola reforma tributaria aprobada.
Gustavo Petro gasta en la gente común, priorizándola sobre las autopistas para condominios de élites; su prioridad es la valoración del Cuidado, que atendió 774.823 hogares, invirtiendo 260 mil millones condicionados a vacunación y matrícula escolar, reduciendo desnutrición y deserción. Ante los recortes en el Congreso del programa Colombia Sin Hambre (1.7 billones), viró a créditos cooperativos (500 mil millones) para gestionar mediante cooperativas de economía popular, fomentando la autogestión y el emprendimiento en lugar de la dependencia eterna del subsidio.
El Gobierno de Gustavo Petro es “culpable” del cambio del modelo petrolero, focalizado e inestable, por un modelo agroturístico diversificado, territorial y sostenible.
Pero el Gobierno de Gustavo Petro no es culpable de los bloqueos institucionales: medios de comunicación, burocracia, politiquería, Congreso, Cortes y estrategias electorales que amenazan frenar los avances del cambio.
¿El poder ciudadano castigará a quienes han querido impedir que los más vulnerables, las nadie, los ninguneados puedan acercarse a una vida digna, como es su derecho, y respaldarán con su voto propuestas progresistas como las del Frente Amplio Unitario, Fuerza de la Paz, Pacto Histórico, Todos Somos Colombia, por ejemplo, priorizando la vida sobre acumulación?
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Posdata: Si a nivel nacional se "acusa" al Gobierno de invertir en la gente común y no en autopistas para las élites, en lo local el panorama no es precisamente lo mismo. El poder ciudadano en Caldas debe notar que el discurso antipeajes de Santiago Osorio se detiene justo en los 3 peajes manizaleños, donde terminan las inversiones comerciales y habitacionales estrato 6, dejando por fuera la lucha legítima de Chinchiná contra los peajes de Tarapacá. Mientras el país busca la autogestión y la dignidad de "los ninguneados", en esta región se privilegian los intereses privados y nos siguen cobrando la osadía de no ser funcionales a los poderes económicos de siempre.