Colombia no puede negar su desigualdad estructural. Está en los mapas de riesgo, en las brechas rurales y urbanas, en la feminización del trabajo no remunerado, en los territorios donde el Estado llega tarde o no llega. El reciente desastre en Córdoba volvió a recordarlo con crudeza, las emergencias no afectan a todos por igual. Golpean con mayor fuerza a quienes habitan zonas vulnerables, a quienes carecen de infraestructura adecuada, a hogares en los que el cuidado ya estaba sobrecargado.
Reconocer la desigualdad no significa resignarse a ella. El desafío político no es quedarnos en el diagnóstico, sino enfocarnos en construir pactos sociales que admitan la interdependencia y la corresponsabilidad como fundamentos de la vida común.
Expresa la socióloga uruguaya Karina Batthyány, en Desafíos y oportunidades de la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe (2024), que el trabajo de cuidados fuera y dentro del mercado, en el entorno familiar o institucional se ha demostrado esencial para el funcionamiento de la sociedad y la sostenibilidad de la vida; pero también ha evidenciado las limitaciones en cómo se organiza y se provee, exacerbando la crisis del cuidado y profundizando las inequidades de género, clase, raza y espacialidad. El cuidado se ha vuelto una dimensión clave en las políticas de protección social, al reconocerlo como asunto público y no privado. Su planteamiento interpela directamente nuestra forma de organizar el territorio.
El desastre de Córdoba evidenció nuestra interdependencia. Cuando el agua desborda y anega las viviendas, la autosuficiencia se desvanece y lo que sostiene la vida es la red, vecinos, mujeres y jóvenes que cuidan primero, incluso antes que el Estado.
El reciente artículo de Aníbal Pérez en El Tiempo (2026) aporta un elemento crucial para esta reflexión al retomar una advertencia reiterada por expertos, en Colombia no se gestiona el riesgo, “administra desastres”. No se trata de eventos excepcionales ni de tragedias imprevisibles, sino de un patrón repetido en el que la intervención llega cuando el daño ya está consumado. No es el clima. Es la falta de anticipación. Cuando la emergencia se vuelve costumbre, el problema es político. No prever es descuidar y, un territorio descuidado reproduce desigualdad.
Ahora bien, es necesario señalar el avance normativo en el país con la Política Nacional del Cuidado (CONPES 4143, 2025), al reconocer el cuidado como dimensión fundamental para sostener la vida humana y no humana en condiciones de interdependencia. Este reconocimiento implica asumir que planificar es cuidar, invertir en resiliencia es cuidar, proteger cuencas y ecosistemas es cuidar y fortalecer redes comunitarias es cuidar. Poner el cuidado en el centro no suaviza la crítica; la orienta hacia la construcción. Sin embargo, no podemos romantizar la solidaridad comunitaria.
En El giro conceptual y la ética del cuidado (2024), Javier Pineda Duque, investigador colombiano, al retomar los planteamientos de Joan Tronto, subraya que la ética del cuidado implica una responsabilidad colectiva. Esto significa que la corresponsabilidad no puede recaer exclusivamente en las mujeres y en las comunidades empobrecidas; debe traducirse en políticas públicas estructurales capaces de transformar la planificación territorial y anticipar el riesgo.
En un país donde las emergencias se repiten y el desastre amenaza con volverse rutina, la pregunta ya no es solo cómo reaccionamos ante la crisis, sino cómo se va reorganizar el territorio desde una ética pública del cuidado. ¿Seguiremos administrando desastres o asumiremos, de una vez por todas, que cuidar es la forma más profunda de hacer política?