Colombia atraviesa una profunda transformación política y cultural. El estallido social del 2021 no fue un hecho aislado ni una simple explosión coyuntural de inconformidad juvenil. Expresó décadas de desigualdad, exclusión territorial, pobreza, corrupción y desconfianza frente a las instituciones. Tal como se plantea en Estallido Social 2021: Expresiones de vida y resistencias, la movilización ocurrió en condiciones particularmente complejas; en medio de la pandemia, con altos niveles de represión y una fuerte participación de jóvenes y sectores históricamente marginados.
De ahí que resulte especialmente valiosa la reflexión de Democracias en transformación (Dargatz y Zuazo, 2012), cuando sus autores afirman que muchos de estos procesos representan “un proceso incremental de inclusión de sectores sociales antaño marginados o con escasa presencia en el espacio político institucional”. El estallido social evidenció la fractura entre un país formalmente democrático y millones de ciudadanos que continúan viviendo entre precariedad, abandono estatal y limitadas oportunidades sociales. Al mismo tiempo, esa ampliación política también ha estado atravesada por enormes tensiones y frustraciones.
La llamada “Paz Total”, presentada inicialmente como una gran esperanza de reconciliación nacional, terminó convirtiéndose en una profunda decepción. Colombia inició el 2026 con un panorama alarmante: el número de integrantes de grupos armados ilegales volvió a ubicarse en niveles similares a los del 2011, precisamente cuando comenzaba el proceso de paz con las Farc (Llorente, 2026). Lejos de consolidarse la pacificación del territorio, múltiples regiones continúan atrapadas entre economías ilícitas, fragmentación armada, disputas criminales y una débil presencia estatal. María Victoria Llorente (2026) advierte que el problema actual no es idéntico al de hace quince años.
Hoy el país enfrenta estructuras criminales fragmentadas, economías ilícitas transnacionales, disputas territoriales complejas y una institucionalidad debilitada en amplias zonas rurales. Esta realidad evidencia que la crisis colombiana ya no puede comprenderse únicamente desde las antiguas categorías del conflicto armado tradicional.
Es innegable que las democracias contemporáneas atraviesan una profunda crisis cultural marcada por el debilitamiento del debate público, la fragmentación social y el predominio de emociones políticas intensas sobre la deliberación racional. En este contexto, la política deja de orientarse hacia la construcción de proyectos colectivos y se transforma progresivamente en una confrontación simbólica permanente, dominada por la indignación, el resentimiento y la polarización. La degradación ética de la conversación democrática ocurre cuando la política comienza a alimentarse del odio, del miedo y de la destrucción simbólica del otro. El adversario deja de ser un contradictor legítimo para convertirse en enemigo moral.
Pero reconocer estas fracturas no significa renunciar a la democracia. Por el contrario, obliga a defenderla con mayor responsabilidad. Votar hoy en Colombia adquiere un significado ético y ciudadano. No se trata únicamente de elegir un candidato, sino de impedir que el odio, el fanatismo y la polarización terminen destruyendo completamente la conversación pública. El país necesita transformaciones sociales profundas, inclusión real y reconocimiento de sectores históricamente marginados. Pero también necesita recuperar la capacidad de diálogo, fortalecer las instituciones y reconstruir una ciudadanía capaz de tramitar el conflicto sin destruir al otro. Porque ninguna sociedad democrática podrá sostenerse si convierte todas las diferencias políticas en guerras morales irreconciliables.
La gran pregunta para Colombia no es únicamente quién ganará las próximas elecciones, sino qué tipo de ciudadanía estamos construyendo; una ciudadanía democrática capaz de tramitar el conflicto desde la diferencia o públicos movilizados por la indignación, el odio y la destrucción simbólica del otro.
22 May, 2026
Progresismos, estallido social y ciudadanía democrática
Pero reconocer estas fracturas no significa renunciar a la democracia. Por el contrario, obliga a defenderla con mayor responsabilidad.