¿Jakobs o Zaffaroni?, enemigo o ciudadano

Colombia vive bajo un fuego cruzado: exguerrilleros, paramilitares, disidencias, clanes del narcotráfico y menores armados aterrorizan a la población. Niños y adolescentes participan en actos de extrema crueldad. En el dolor colectivo surge una pregunta candente: ¿tendrán los victimarios más derechos que las víctimas? ¿Es el derecho penal del enemigo la solución?
Para entender lo que está en juego, hay que conocer a los dos pensadores que definen este debate global. Günther Jakobs, profesor emérito de la Universidad de Bonn (Alemania), propone el derecho penal del enemigo: una teoría que distingue entre ciudadanos con garantías y “enemigos”, personas peligrosas de las que el Estado debe neutralizarse, incluso restringiendo sus derechos. Jakobs defiende que esta doble vía cabe dentro de un Estado democrático.
Del otro lado está Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exponente del garantismo humanista. Zaffaroni rechaza cualquier categoría de “enemigo; para él, todo ser humano es persona, y quien introduce al enemigo en el derecho penal abre la puerta al autoritarismo y al Estado absoluto, no al Estado de derecho.
En Colombia, el debido proceso es imperativo (Convención Americana, art. 8°.): presunción de inocencia, defensa técnica inmediata, juez imparcial, prohibición de tortura y exclusión de pruebas ilícitas (Ley 906/2004, CPP). Las víctimas ganan prioridad: información oportuna, protección efectiva, reparación integral y medidas cautelares (arts. 11, 134-137 CPP). Este equilibrio salvaguarda la dignidad universal.
En Colombia, la tentación del enemigo es fuerte. Casos como Karina -exguerrillera virada a política-, paramilitares del Clan del Golfo y el menor que atentó contra un candidato presidencial avivan el clamor popular. El victimario luce con abogados y defensas; la víctima, abandonada sin voz ni reparación. Madres, familias desplazadas y ciudadanos aterrorizados claman justicia prioritaria.
Ante ese dolor, Jakobs tienta: juzgar al guerrillero o paramilitar como enemigo, sin plenas garantías. Mas Colombia conoce el costo: falsos positivos, detenciones arbitrarias, estigmas y dobles estándares. Zaffaroni alerta: aceptar al enemigo es abrazar un Estado absoluto, que debilita la protección real a víctimas y erosiona la dignidad compartida.
Colombia está en la encrucijada. ¿Cómo forjar un Estado social de derecho que asegure voz, protección y reparación integral a víctimas -madres, familias, comunidades- sin la lógica enemiga? ¿Qué peso tienen las garantías en este balance?