¿Democracia para creyentes o ciudadanía plena?

Soy católico practicante, pero mi respeto absoluto por la Constitución Política de Colombia me obliga a defender el Estado laico. Imaginemos a un hijo de migrantes, profesional brillante, conservador en seguridad y defensor de la familia tradicional. Aspira a un cargo local con propuestas sólidas, pero tropieza con un obstáculo: no milita en iglesias influyentes ni proclama que la nación fue fundada por designio divino. Su derrota es previsible; en foros comunitarios lo miran con recelo y le exigen defender “valores bíblicos”. Comprende entonces que ser ciudadano ya no basta: debe ostentar una fe políticamente útil. Así opera el nacionalismo cristiano en la América del 2026.
Con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca desde el 2025 esta corriente gana terreno. Evangélicos blancos impulsan leyes que citan La Biblia como autoridad moral y políticas que privilegian a “cristianos compatibles”. Incluso católicos conservadores se alinean, consolidando una ortodoxia excluyente. Este fenómeno erosiona la democracia. Cuando candidatos como él y millones quedan ajenos al orden cívico -estigmatizados por no profesar una fe específica-, se quiebra la igualdad: unos mandan, otros obedecen. El pluralismo deliberativo perece ahogado en dogmas.
Nuestra Constitución de 1991 ofrece el antídoto. El artículo 1 consagra a Colombia como república pluralista; el artículo 13 garantiza la igualdad y prohíbe discriminación por religión. Junto a la libertad de cultos (Artículo 19) y de conciencia (Artículo 18), exigen neutralidad estatal absoluta. La Corte Constitucional lo ha reiterado en fallos emblemáticos -C-350 de 1994 y C-088 del 2022-: el Estado laico demanda imparcialidad absoluta. Ningún funcionario puede condicionar cargos públicos a credenciales religiosas; priman mérito y ética sobre creencias privadas.
Colombia merece otro destino. Alertan ya megaiglesias premiando candidatos “coherentes” y debates donde la fe supera a la técnica. Rechacemos esta tentación: la política no es examen doctrinal. Ese candidato pierde más que una elección; pierde el derecho a pertenecer sin abdicar su libertad. El contexto global advierte: cuando la fe se torna moneda electoral, la democracia se contrae. Nuestras instituciones deben blindarse. La administración pública pertenece a todos, sin pruebas confesionales. La bandera tricolor seguirá abrazando la ciudadanía por igual: el poder, servicio nacional, nunca imposición doctrinal.