La tasa de desocupación en Colombia cerró en 8,9% en el 2025, cifra positiva en la comparación histórica, y especialmente deslumbrante cuando se hace lectura de lo laboral exclusivamente desde ese indicador global. Desafortunadamente para el análisis simplista del Gobierno y sus políticos la realidad del mercado de trabajo es más compleja y el titular mediático omite estadísticas que preocuparían a cualquier gobierno responsable.
Por ejemplo, solo una tercera parte de las ciudades capitales del país tienen una tasa inferior al 8,9%, entre ellas Manizales (8,7%) y Pereira (8,6%), y más del 50% tiene tasas de dos dígitos, donde algunas están ubicadas por encima del 13% como Riohacha (14,4%), Mocoa (18,8%), Buenaventura (23,4%) o Quibdó (27,1%). Las estadísticas DANE también muestran que en Colombia aún tenemos más de 2,3 millones de personas en condición de desocupación y 14,5 millones se encuentran inactivas por fuera de la fuerza de trabajo, siendo el 70% mujeres; y del total de las 23,8 millones de personas ocupadas, se registran 1,9 millones en subocupación; es decir, están buscando otro trabajo por insatisfacción en los ingresos recibidos.
Si bien la población ocupada creció 791 mil personas entre el 2024 y el 2025, el 50% de esta variación absoluta se generó por las ramas de alojamiento y servicios de comida, impulsada por los nuevos empleos en la subrama de otros tipos de expendio de comidas, referida a puestos de comida y quioscos de comidas callejeras; las actividades de la industria manufacturera, presionado por confección de prendas de vestir y elaboración de productos de panadería; y la administración pública básicamente desde las actividades ejecutivas del sector público general, educativo y salud.
En el 2025 de cada 100 empleos en el país, 44 fueron empleados particulares y 41 trabajadores por cuenta propia, donde se evidencia que el 50% del crecimiento de los ocupados fue en la informalidad laboral, para un total de más de 13,1 millones de personas ocupadas informales, superando en 1 millón la cifra del 2021 y en 400 mil frente al 2022. Así, la proporción de ocupados informales estaría estancada entre 55% y 56% desde el 2023, con el agravante de ciudades donde el porcentaje es superior al 60% (Cúcuta, Montería, Riohacha, Valledupar y Sincelejo), o en sectores económicos como construcción, transporte, alojamiento y servicios de comida, actividades artísticas y entretenimiento y agricultura que la informalidad promedia entre el 60% y 80%.
De hecho, la “baja” tasa de desempleo esconde la realidad que el 87% de esos ocupados informales en Colombia tienen un máximo de nivel de educación en media (bachillerato) y que el 85% de los ocupados en microempresas son informales, y el 94,5% de los 13,1 millones de personas en informalidad laboral están en dichas microempresas.
Esta dinámica detrás de la tasa de desempleo en Colombia es un reflejo del timón de un Gobierno que priorizó una economía creciendo fundamentalmente desde el motor de la demanda interna (consumo de hogares y Gobierno) y olvidó completamente la fuerza transformadora de la inversión privada y la política pública sectorial, donde a pesar de los esfuerzos de una reforma laboral y los decretazos irracionales de un salario mínimo, no lograron resolver los problemas laborales estructurales del mercado y mantiene las brechas heredadas entre regiones y diversos segmentos de población.
Como un simple indicador, el Gobierno Petro entregará a Colombia con una tasa de desempleo de un solo dígito, pero, detrás del indicador, el legado será un país en las mismas condiciones de desigualdad, sin ningún cambio histórico.