18 mil 555 millones de pesos es un presupuesto anual en un municipio de Caldas en quinta o sexta categoría. También es el tope de gastos para las campañas que buscan llegar a la Presidencia de la República en la primera vuelta este 31 de mayo. Por qué si para un municipio pequeño este recurso tiene que alcanzar a cubrir todas las necesidades e inversiones de su población durante los 365 días del año, en el caso de una campaña política llega a ser insuficiente para tan solo unos meses de ejercicio electoral.
Todavía se desconoce si alguna de las campañas actuales ha superado este límite establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que además definió, si hay segunda vuelta, se podrá gastar hasta el 50% de lo fijado para la primera (9 mil 277 millones de pesos). ¿No son cantidades muy exorbitantes para destinarlas en un solo proceso electoral? Acaso no se deberían regular estos montos y más bien volver a actividades de proselitismo político más austeras como el discurso en plaza pública, los debates (reales espacios donde se discuten posiciones), el voz a voz en las calles y tantas otras maneras para difundir una propuesta de gobierno.
Desde cuando un país que no supera sus niveles de pobreza, que tiene una economía tan fluctuante y en retroceso se da el lujo de hacer campañas políticas tan estrafalarias. Hay que publicitar, y hay formas económicas de hacerlo. Por qué tener que pagar desplazamientos de personas entre municipios y departamentos para que llenen una plaza; darles incentivos para que asistan, en dinero o en especie, y con eso comprometer su voto. El ciudadano debe votar por convencimiento, por decisión individual, no porque fue sobornado.
Sobrepasar los topes en campañas presidenciales no es nada nuevo. En la de 1994, los aportes del cartel de Cali a la candidatura de Ernesto Samper llevaron al conocido proceso 8.000 que demostró infiltración de dineros del narcotráfico en la política, por el que dos personas de su confianza fueron a la cárcel, mientras Samper fue absuelto justificando que el dinero ingresó a sus espaldas. En las del 2010 y 2014 de Juan Manuel Santos, con investigaciones abiertas por el aporte de dineros de Odebrecht hasta superar los límites. Igual la del caldense Óscar Iván Zuluaga en el 2014, que también recibió recursos de esta multinacional y se excedió el tope, la Fiscalía le imputó cargos por ingreso ilegal de dineros. El CNE sancionó en abril de este año a la campaña Petro Presidente 2022, se indica que fueron por lo menos 5 mil 300 millones en que se sobrepasó, además por uso de fuentes de financiación prohibidas en las que se constituyeron Fecode y la USO.
No ha pasado nada con ninguna de estas últimas investigaciones. Se debería entonces regular el uso de los dineros de toda campaña electoral en Colombia. Existe tecnología y en eso sí se debería invertir el CNE como autoridad electoral, porque la que existe ya es obsoleta, como el aplicativo Cuentas Claras en el que se registran los ingresos y gastos de una campaña. Si no hay cómo ni con qué controlar, el camino les sigue quedando despejado a los corruptos.