Las superintendencias en Colombia, creadas para inspeccionar, vigilar y controlar sectores estratégicos de la economía y la sociedad, han crecido en sus capacidades y en sus competencias hasta generar problemas dentro de la estructura del Estado, lo que obliga a no dar más largas a una reforma estructural que las organice, las fortalezca y las legitime. Su dependencia del Poder Ejecutivo y la falta de garantías de independencia han convertido a estas entidades en instrumentos vulnerables a presiones políticas y a intereses coyunturales, además de invadir competencias de otras ramas del poder público.
Hace años se aprobó la figura del período fijo de cuatro años para los superintendentes, con la intención de que dos años coincidieran con un gobierno y dos con el siguiente. Esta medida buscaba blindar la gestión de estas entidades frente a la injerencia política. Sin embargo, decisiones judiciales declararon inaplicable esta disposición, evitando mejorar en la gobernanza institucional, pues de esta manera el elegido por el presidente iba a estar apenas la mitad del periodo coincidiendo con su nominador. Esta idea debería retomarse para ayudar a la transparencia y al sistema de contrapesos dentro del Estado. El nuevo Congreso puede hacerlo.
Otro aspecto preocupante es el ejercicio de funciones jurisdiccionales que tienen la mayoría de las superintendencias. Al asumir competencias que corresponden a la rama judicial, esas entidades desvían su misión principal de vigilancia y control, generando un doble riesgo: la invasión de competencias y la pérdida de foco en su tarea esencial. Se puede hacer un rastreo por los juzgados y encontramos que los procesos sobre marcas o competencia ya no se tramitan en estos despachos, sino que se usa para ello solo la superintendencia, donde se ha colapsado el sistema porque no da abasto. Además de que al no ser jueces, los agentes de la superintendencia evaden circunstancias que es necesario tomar en cuenta para un fallo en derecho.
La dependencia de estas entidades del Ejecutivo ha derivado en prácticas nocivas. En ocasiones, las superintendencias se convierten en herramientas para cobrar revanchas políticas o, por el contrario, en instancias que se hacen las de la vista gorda frente a investigaciones que deberían avanzar, pero que se frenan por mandato superior. Esta dinámica erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho. Como si fuera poco, igual que el caso de la salud, se delegan sus funciones en entidades como las direcciones territoriales, convirtiéndolas en juez y parte, lo que es inconveniente.

Colombia necesita una reforma profunda de sus superintendencias para garantizar su independencia, delimitar sus competencias y blindarlas frente a presiones políticas. Solo así podrán cumplir su papel de guardianes de la legalidad y la transparencia en los sectores que vigilan. Que el próximo Gobierno y el Congreso pongan atención en este asunto para ayudar a modernizar al Estado en cuanto a las competencias de estas entidades. Para ello, también es necesario entonces fortalecer la rama judicial con jueces especializados que decidan en derecho. Reformar las superintendencias no es un capricho, sino una necesidad ética para asegurar que la vigilancia y el control respondan al interés público y no a conveniencias del poder.