La acción popular es un mecanismo consagrado en la Constitución para que cualquier persona o grupo de ciudadanos puedan usar en situaciones de amenaza o vulneración de derechos e intereses colectivos. Por eso es que debería existir más control y vigilancia al cumplimiento de los fallos que sobre estas acciones profieren los tribunales. Sin embargo, ha hecho carrera en el país que ni siquiera por este medio los señalados como responsables cumplan las órdenes judiciales.
La restauración de la Concentración Escolar Juan XXIII en Manizales es uno de esos proyectos que comenzó por sentencia de acción popular en el 2011, y 15 años después sigue sin ser ejecutoriado. Se trata de una edificación en bahareque construida en 1912, tiene 114 años, y es considerada la más grande de América Latina en este material, que fue sede de establecimientos educativos pero tuvo que ser desocupada por la urgencia de intervenirla si no se quería demoler. También es importante decir que se trata de un Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, declarado en el 2005 por el Ministerio de Cultura. Motivos suficientes para no dejarla deteriorar ni que caiga en estado de ruina.
Las obras comenzaron en el año 2021 como iniciativa cofinanciada por un valor cercano a los $70 mil millones, que deberían ser aportados por partes iguales entre el Municipio de Manizales y el Gobierno nacional -cerca de $35 mil millones cada uno-. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento equitativo y equiparable, porque mientras la Alcaldía ya ha invertido unos $30 mil millones, el Ministerio de las Culturas y las Artes, con todo su presupuesto y correspondiéndole aportar la otra mitad, solo contempló en el 2025 una inversión de $11 mil millones, de los cuales únicamente fueron aprobados $3 mil millones, a lo que también hay que decir que para este 2026 no han anunciado el compromiso de más recursos.
Es lamentable que le esté sucediendo esto a una construcción de tan importantes características, que tendría que contar con dolientes en el Ministerio de las Culturas, que es como la figura paterna de todos los bienes culturales y patrimoniales en el país; pero además que esa cartera no se haya tomado el trabajo de responder todavía a las solicitudes de información elevadas por LA PATRIA desde mayo pasado para conocer las razones de la falta del giro de los recursos pendientes, y que a pesar de haber anunciado respuesta para un informe que se publicó ese mes, todavía no se tengan noticias. Se trata de información pública sin restricciones y como Gobierno están obligados a entregarla.
Se debe saber además que mientras los dineros de la cofinanciación no se tengan a disposición muy difícil será concluir la segunda fase del proyecto de restauración, que en cronograma está programada hasta diciembre de este año, y que si no se logra al menos la recuperación de cubiertas, fachadas y entrepisos, igual que redes eléctricas y sistema contra incendios, no se podrá abrir al público esta centenaria edificación en Manizales. La elección de un nuevo Gobierno nacional no puede justificar que se esté dejando de acatar lo que por orden judicial quedó establecido y es de obligatorio cumplimiento.