Política pública que requiere evaluación

Incluir y atender a la población con discapacidad no puede ceñirse al diseño y aprobación de una política pública, en su ejecución hay que saber evaluar en el corto, mediano y largo plazo para establecer qué de toda esta formulación se está ajustando a las necesidades de la población, qué se le debe mejorar o definitivamente hay que cambiarle. Lo que viene sucediendo con la Política Pública de Discapacidad 2021-2028 de Manizales, aprobada desde la anterior Administración municipal, es que le está faltando esa revisión rigurosa y profunda y se ha quedado en informes trimestrales.
Es muy importante retomar lo que recomienda la Cepal para este tipo de políticas, especialmente lo que tiene que ver con la evaluación bajo un enfoque social y de derechos humanos, que esté ajustado a la Convención de las Naciones Unidas, y Colombia como país miembro debe cumplirla. Los países aliados deben reafirmar que la población con discapacidad tiene derecho al reconocimiento como personas jurídicas y en las mismas condiciones que las demás. Se debe hacer una medición constante para garantizar el efectivo ejercicio de derechos y la reducción de la desigualdad y de la exclusión en todos los ámbitos de la sociedad (salud, educación, empleo, cultura, recreación, entre otros).
Solamente en América Latina y el Caribe, al 2025, la Cepal calculaba que por lo menos el 6,5% de la población vivía con algún tipo de discapacidad. Registros del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia estiman que en el país hay por lo menos 1,3 millones de personas con discapacidad, y en lo local, con corte al 30 de junio del 2020, Manizales contaba con 10 mil 22 personas con discapacidad activas, de acuerdo a información diligenciada entre el 1 de enero del 2000 y el 25 de diciembre del 2018. Aunque se debe entender que todos estos datos son aproximaciones, porque no hay un censo que las haya cuantificado y esta población debe haber crecido por motivos de la violencia, los accidentes y las enfermedades.
Afortunadamente ser persona con alguna discapacidad ya no es motivo para ocultarlo, como fue hasta hace unas décadas en Colombia. Incluso actualmente pueden ejercer mayor actividad que alguien que no tiene una discapacidad, todo esto movido por procesos de aceptación, superación y resiliencia; lo que es muy positivo para la sociedad. Sin embargo, desde la maestría de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Manizales tienen identificado que la participación de esta población en la ciudad es relativamente poca, los temas de laboriosidad son escasos, todavía existe un desconocimiento grande de la comunidad en general sobre la discapacidad, los niveles educativos de las personas con discapacidad siguen siendo bajos y la discapacidad está relacionada directamente con la pobreza extrema.

No es un panorama muy halagador y es mucho lo que falta, pero eso lo dirá una completa evaluación de la Política Pública de Discapacidad, hecha en campo y con los directamente implicados de manera que oriente lo que debe venir, en atención especializada para quienes viven con una discapacidad, y que incluya a lo público y lo privado para que se piense más en esta población y en la forma como habitan la ciudad.