Es tan apretada y tan ajustada a los mínimos la red de salud en Manizales, que con una sola entidad que deje de prestar servicios el sistema colapsa. Desde la llegada del Gobierno Petro esto se hizo más evidente. En gobiernos anteriores era muy esporádico que sucediera, quizás en contingencias y emergencias que se superaban muy pronto, por ello es que se alerta tanto ahora.
Son más los centros asistenciales que se han visto en serias dificultades y siguen enfrentándolas para poder operar, que los que por medidas y apoyos del Gobierno nacional hayan podido subsistir. Este Gobierno no ha sido un aliado de la salud en la región. Lo que ha hecho este sector es un esfuerzo titánico para seguir funcionando y eso deberíamos agradecer y aplaudir todos y cada uno de los habitantes en Caldas, incluso de otros departamentos de Colombia que llegan hasta acá para recibir atención de alta complejidad porque por fortuna contamos con un recurso humano y tecnológico excepcional, caracterizado por la ética médica y el compromiso institucional de servicio.
Sin embargo, hay momentos y situaciones que los están obligando a restringirlos, como los incumplimientos generados por la Nueva EPS, que es la que tiene el mayor número de afiliados en Caldas (387 mil 925; de estos, 99 mil 914 son de Manizales), pero la que más desacata y vulnera la cobertura de los afiliados con el no pago de millonarias deudas a las IPS. No se puede aceptar que mientras hace acuerdos de pago con hospitales y clínicas, pasen las semanas y los meses y no los efectúe, como le está sucediendo al SES Hospital Universitario de Caldas, al que le prometieron abonarle $5 mil millones y no les ha llegado un solo peso. ¿A qué está jugando la Nueva EPS en Caldas y en el resto del país y de paso el Gobierno nacional que es el socio mayoritario de esta EPS?
Por esto es que sigue creciendo en Manizales la lista de entidades que se ven en la obligación de restringirles servicios. Se suma desde ayer el Hospital Departamental Santa Sofía, que cerró sus servicios generales para los afiliados, y anuncia que solo aceptará urgencias médicas como exige la ley. La Nueva EPS le debe $21 mil millones, y aunque han sostenido diálogos para acordar pagos, esta EPS tranquilamente no ha cumplido ninguno, incluso ni siquiera ha firmado el contrato para este 2026. Así es imposible que un sistema funcione, si no hay voluntad real de pago y honestidad.
Volvemos a preguntar: ¿Hacia dónde se están yendo los dineros que le ingresan a la Nueva EPS por concepto de aportes de los afiliados y por pago que debe estar haciendo el Gobierno nacional por paciente atendido? El Gobierno no responde, pero mientras tanto hay ciudades como Manizales entrando en una situación crítica porque además se encuentran otros hospitales como el General San Isidro, al que la Nueva EPS le debió cancelar $1.000 millones y tampoco le ha girado. Alguien se debe preocupar, porque los usuarios de esta EPS se están quedando sin ningún hospital al servicio en esta ciudad. ¿Lo que se está esperando son más muertos en el país por esta causa? Nos negamos a creerlo.
