Ocho presidentes en diez años y pronto serán nueve. Esto es poco más de un año por cada mandatario que estuvo en el poder. Es evidente que la política peruana necesita de un acuerdo de cara a la sociedad, que permita la estabilidad, pues los resultados macroeconómicos de los últimos años tapan los efectos que genera la incertidumbre y no permiten ver los problemas que afectan a los más vulnerables, esos que poco se enteran de lo que sucede en la vida de quienes los gobiernan, pero que son los que más necesitan de decisiones que les brinden soluciones a sus necesidades.
José Jerí duró apenas cuatro meses en el cargo presidencial y cayó en una nueva moción de censura por supuesta corrupción, al verse involucrado en un escándalo con empresarios chinos. El nuevo nombrado es el polémico congresista de izquierda José María Balcázar, de la misma línea de Pedro Castillo, uno de los ocho presidentes caídos, quien hoy se encuentra detenido y no tardó en reclamarle públicamente al nuevo mandatario un presunto compromiso de declarar un indulto en su favor, pacto que niega el recién elegido.
Mientras se dan las elecciones del 12 de octubre de este año, puede cambiar la perspectiva del proceso electoral que, según las encuestas, lidera el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un damnificado de la división que presentaron los partidos de derecha y que permitió el ascenso de Perú Libre. Balcázar ha sido cuestionado por pérdida de dinero en un colegio de abogados que presidía en su región y por las declaraciones en torno a justificar las relaciones sexuales con mujeres menores de 14 años.
Lo que sucede en Perú no es como muchos piensan una reacción frente a la corrupción. Lo que hay son juegos de poder debajo de la mesa entre partidos políticos y congresistas, sin ideologías y con mucho de revanchismo para sacar provecho de las divisiones. De esta manera, las posibilidades de mantener la coherencia en las políticas públicas del Estado son casi nulas. La excepción es la del Banco Central que ha sabido preservar su distancia y tomar decisiones de macroeconomía que afectan lo menos posible, pero esto no logra reflejarse en políticas públicas eficientes porque la ejecución le corresponde al Gobierno que, sin continuidad, tiene muy difícil la concreción de resultados.
El mandatario interino cumplirá sus funciones hasta julio, cuando asuma el presidente que salga elegido por las mayorías en las urnas en abril próximo. Sin embargo, de manera por lo menos preocupante, la sociedad peruana parece irse acostumbrando a esta incertidumbre política. Las interinidades no son buenas porque se pierde confianza en la institucionales y respeto a la dignidad presidencial.

Por supuesto que si hay corrupción deben pagar incluso los presidentes. Nadie puede estar por encima de la ley como lo está demostrando en este momento el Reino Unido, ante el caso del hermano del rey. Pero no puede tampoco caerse en los juicios sumarios y menos cuando hay intereses políticos de por medio. La clave está en el justo medio, no ser tan laxos como la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano ni caer en el oportunismo político que se evidencia en el Congreso de Perú. Pero el justo medio es algo que la política actual parece desdeñar.