El Gobierno de Gustavo Petro insiste en seguir lesionando al sector productivo en Colombia, acaso desconoce que es el motor de la economía, y que sin una sana economía ningún país puede llegar a ser viable. El 6 de marzo pasado, el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 0234 con el que permite que los sindicatos negocien las condiciones para sectores completos, ramas de actividad y agrupando a varias empresas y trabajadores al mismo tiempo; ya no empresa por empresa. Se trata de un modelo en el que desaparecen los acuerdos o los disensos puntuales entre trabajadores y empleadores, como debería seguir siendo, y permite que cualquier cosa que ocurra afecte por igual a todo un sector.
El reciente decreto se enfoca por ejemplo en que las huelgas ya tengan que ser sectoriales, corriendo el riesgo de paralizar las dinámicas de todos los que estén incluidos en este ámbito. Solo es imaginarse que por un motivo cualquiera una empresa de servicios públicos en alguna parte del país tiene un problema con sus trabajadores sindicalizados y no logra negociar. Se van a paro. Con este decreto tendrían que suspender operaciones todas las empresas de ese mismo sector en Colombia, así no tengan nada qué ver con eso que está sucediendo. ¿Quién entonces suministraría energía eléctrica, gas natural, agua potable, entre otros servicios básicos para la subsistencia en el país?
En este nocivo escenario, hay que preguntarse además quién queda habilitado entonces para negociar colectivamente en nombre de todo un sector y presentar un pliego unificado sin que nadie pierda o se afecte. Cambiar abruptamente estas reglas laborales del país, dejándolas bajo una estructura tan débil, fácilmente lleva a que se convierta en causa de conflictos jurídicos y operativos. Suficiente con el chu, chu, chú del Gobierno nacional que tiene al borde del colapso a todo el sistema de salud colombiano y a millones de personas afectadas porque no pueden acceder a los servicios como se debería.
Expertos han advertido que este modelo de negociación laboral por sectores está diseñado para países con alta formalidad laboral y elevados niveles de sindicalización. En Colombia, ni lo uno ni lo otro. Lo que predomina aquí es la informalidad laboral, que para el periodo noviembre 2025-enero 2026 llegó a 55,3% es decir cerca de 12,7 millones de trabajadores informales. En cuanto a la tasa de sindicalización se estima que solo es de un 4,5% del total de la fuerza laboral, o sea que deja por fuera a buena parte de los trabajadores. Entonces qué tan representativo es hacerlo, además desde una Administración que ya va de salida.

De nuevo el Gobierno Petro insiste en dar órdenes sin tener en cuenta que el Decreto 0234 revive artículos que habían sido eliminados en el debate en el Congreso de la República de la reforma laboral en el 2024, debido a que hacía modificaciones de derechos constitucionales y se estaba planteando como ley ordinaria y no como una ley estatutaria que es como lo obliga la ley para este tipo de cambios. Este sería parte del argumento de sectores que ya demandaron el decreto ante el Consejo de Estado por vicios de trámite e inconstitucionalidad para que sea suspendido. De nuevo otro decreto que va directo contra los empresarios y la economía. Siguen quedando a merced de la justicia.