Es empecinamiento del Gobierno Petro querer seguir impactando negativamente lo que queda o más bien deja del sistema de salud colombiano. A su llegada el 7 de agosto del 2022, sin ser el mejor sistema a nivel mundial, nunca estuvo ranqueado entre los peores. Incluso en encuestas de usuarios de varias EPS la conclusión era que en la generalidad estaban satisfechos con los servicios hasta ese entonces, sin negar que había temas que debían ser modificados, como la lentitud de procesos y las demoras en la atención que finalmente se prestaban y los afiliados a todas las EPS mantenían cubiertas sus necesidades en salud, así se tuviera que acudir a instancias judiciales.
Perverso que el presidente Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya en sus últimas de cambio, porque les quedan cuatro meses y medio de Administración, pretendan seguirle haciendo daño al Sistema Nacional de Salud para terminar de desbarajustarlo y consolidar la estatización que siempre se han soñado y pretendido. A quién le cabe en la cabeza que una entidad intervenida como es la Nueva EPS, con atención altamente deficitaria en la actualidad; con deudas que no es capaz de cancelar para garantizar personal de salud, atenciones médicas, procedimientos, suministro de medicamentos, y que se le salió de las manos al propio Gobierno sea una de las escogidas vía decreto para asumir la atención de 2 millones 600 mil afiliados más a sus casi 14 millones que tiene en todo el país.
El Decreto 0182 del Ministerio de Salud, expedido en febrero y que establece criterios técnicos y poblacionales estrictos para que una EPS pueda operar en determinados territorios, demuestra que este es un Gobierno al que el dolor ajeno poco o nada le interesa. Es una orden que obliga a trasladar en total en el país a 6 millones de usuarios de EPS que hoy sí están atendiendo relativamente bien, como por ejemplo Sanitas, con argumentos carentes de sustento técnico; además de limitar el número de EPS en cada municipio de acuerdo al número de habitantes. Todo esto vulnera el derecho que se tiene en Colombia a la libre elección para la atención en salud, puesto que el Gobierno empezó a hacer de manera inconsulta el traslado de usuarios.
Afortunadamente el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó una medida cautelar de urgencia contra este decreto, que estará vigente hasta que se tenga resuelto el asunto mediante una sentencia de una acción popular que está en curso. Dicho Tribunal considera que con estas medidas del Gobierno Petro sí se están afectando derechos colectivos y el aseguramiento en salud. Entre los argumentos presentados en la demanda aparece que de aplicar este lesivo decreto del Ministerio de Salud unos 502 municipios del país quedarían con la Nueva EPS como una única entidad autorizada para operar los régimenes Contributivo y Subsidiado.

El Gobierno Petro no puede seguir vulnerando derechos de esta manera, mucho menos los de la salud de los colombianos. Ya ocurrió lo que tanto se advirtió, que las deficiencias del servicio llevarían a la muerte de pacientes y a la descompensación. Pueda ser que la justicia se mantenga en defensa de los ciudadanos y sus derechos constitucionales. Es la única esperanza.