Reflexiones tras las protestas

Es cierto que en Colombia también existe el derecho a la protesta, pero cuando esta lesiona y viola derechos superiores debe detenerse, que es lo que no se hizo desde el Gobierno nacional ni desde las otras autoridades en muchas regiones.

Las vías de hecho no pueden seguir siendo la moneda de cambio para lograr decisiones de la Administración pública. Con los cierres viales como forma de protesta se afectan los derechos de los colombianos. El Consejo Gremial estima en aproximadamente 120 mil millones de pesos las pérdidas durante los siete días de bloqueos que, por fortuna, fueron levantados anoche en los departamentos de Santander y Norte de Santander, como producto del paro campesino motivado por el aumento del impuesto predial. El Gremial hace énfasis en que los efectos de los cierres viales trascendió del nivel regional e impactó, mientras duraron, la cadena de abastecimiento de la economía.
No han sido las únicas vías bloqueadas en el país, otras regiones sufren por la misma causa, como el bloqueo del lunes desde tempranas horas de la mañana y hasta la noche en la Romelia-El Pollo, que comunica a Manizales, Chinchiná y Santa Rosa de Cabal con Dosquebradas y Pereira. Por fortuna se llegó a un acuerdo y la vía fue reabierta, pero cuántas personas tuvieron pérdidas y traumatismos en sus desplazamientos. Los sectores que más sufren son el transporte en casi todas sus modalidades por las restricciones de movilidad de pasajeros y de carga, el comercio, la industria, el empleo, el abastecimiento, la salud, el turismo; en fin, un bloqueo de cualquier vía se convierte en una cadena de problemas que no se debería permitir.
El Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías deben actuar más rápido para evitar esta forma de protesta que le pega directo a la productividad nacional. Es cierto que en Colombia también existe el derecho a la protesta, pero cuando esta lesiona y viola derechos superiores debe detenerse, que es lo que no se hizo desde el Gobierno nacional ni desde las otras autoridades en muchas regiones. Se dejó llegar a afectaciones desproporcionadas sin que nada pase, algo que ya saben de sobra en departamentos como Cauca o se está convirtiendo en costumbre en la importante vía a Medellín desde Manizales. El Ministerio Público y organismos de control del Estado también deben garantizar que la protesta se haga de manera pacífica y que respete los derechos de los que no están participando en ella.

Por eso las marchas del magisterio, programadas para hoy y mañana, no deben terminar en cierres de vías. Los maestros son los primeros llamados a dar ejemplo en sus comunidades y una buena señal es que salgan a las calles a caminar y a expresar su descontento con situaciones propias de su oficio y con lo que sigue siendo una deficiente prestación del servicio de salud desde el Gobierno nacional para el sector y sus beneficiarios. Dejar que estas protestas se salgan de control es sumarle otra lesión al país.

Dialogar y concertar debe ser la norma para el reclamo, y el Gobierno no debe esperar a que las comunidades se vean obligadas a tomar medidas extremas. Seguir dejando de lado la posibilidad de encontrar puntos de diálogo es negarnos a una sociedad civilizada y síntoma de que algo muy grave pasa en ella. Bueno, hay que recordar que estas protestas son por el desfase que se presentó con el mandato nacional de la actualización catastral, pero ese es tema para otro editorial.