Coincidimos con los tributaristas que ven como una idea más de fines políticos que técnicos el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de presentar al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria el 20 de julio, día en que se posesionan senadores y representantes a la Cámara electos. Lo que ha dado el presidente son conceptos difusos, advirtiendo que “ya dependerá del pueblo y su elección, si retrocede o no” para decidir el rumbo de esa reforma. De manera suelta ha indicado que se suspenderían los pagos de subsidio a la gasolina, habría modificación de aranceles y que se ajustaría la deuda pública, aunque no dudaron en aumentar la deuda adjudicando 900 mil millones de pesos en títulos de tesorería a corto plazo buscando liquidez.
Son aspectos tan impopulares como presentar por quinta vez un proyecto de este corte, de los que solo uno fue aprobado por el Congreso al inicio del periodo siendo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Es otro intento desesperado de reducir el déficit fiscal de 16 billones de pesos, en su mayoría por decisiones inadecuadas. Más bien el Gobierno tendría que estar aplicando un recorte de gastos. Llegó como un gobierno social, pero se ha dedicado a gastar a manos llenas y no tiene nuevos ingresos; teniendo que sumar casos de corrupción que han desangrado el presupuesto nacional.
Una reforma tributaria por lo general busca recursos, muy pocas veces generar alivios, y buena parte de los sectores en el país ya están asfixiados para tener que pagar más impuestos. Con la decretada emergencia económica, social y ecológica por las inundaciones en varios departamentos, el Gobierno Petro expidió varios decretos, entre ellos el Impuesto al Patrimonio cuyo primer pago se deberá hacer el 1 de abril para los patrimonios líquidos desde 10 mil 474 millones de pesos en adelante, entre los que se encuentran muchas empresas e instituciones como las universidades privadas, y fija además tarifas diferenciales por pertenecer a un sector, como son las entidades financieras que tienen que pagar más. Eso hace inequitativo este impuesto, lo que tampoco soporta con algún análisis económico.
El caso de la mayoría de universidades privadas es preocupante porque por sus infraestructuras tienen el patrimonio para ser contribuyentes, pero viven al día y al ser un impuesto que no tenían presupuestado para este año no tienen la liquidez suficiente para cancelarlo. Los tributaristas incluso aseguran que mucha gente les ha informado que prefiere arriesgarse a no pagar el Impuesto al Patrimonio, esperanzada en que pronto se caiga, porque a la Corte han llegado varias solicitudes para que lo suspendan y sea declarado inconstitucional ya que quita la liquidez de caja que se tiene.

El Gobierno Petro debería estar pensando en cómo entregar el país lo menos impactado posible, sobre todo desde lo fiscal ya que se estima que se atraviesa una de las peores crisis tributarias en muchos años. Ya son varias las medidas infundadas de este Gobierno buscando liquidez, ojalá que esto no sea para financiar campañas políticas. Mientras hay gobiernos y países que le apuestan a bajar impuestos porque con ello atraen la inversión y generan liquidez, otros insisten en seguir ahogando las empresas hasta verlas cerradas y así no hay economía que se logre reactivar.