A los grupos delincuenciales en Colombia se les ha permitido tanto que juzgan y condenan a quienes además han secuestrado. Indignante, pero fue lo que sucedió con dos miembros de la Policía Nacional y otros dos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, a los que un frente del Eln secuestró desde hace más de un año y sometió a juicio revolucionario por presunto delito de espionaje. Condenar a años de prisión sin estar revestido por la potestad que confiere la justicia a quienes la ejercen legalmente es disfrazar el secuestro con otro nombre y eso debe ser sentenciado.
Nada más ruin e infame que quitarle el derecho fundamental de la libertad a alguien, y convertirlo en víctima junto a sus familias, que les toca vivir en zozobra porque no saben si van a recuperar a su ser querido vivo o muerto. Este delito está entre los que han reactivado los subversivos en los últimos años, luego de haber tenido tiempos de apaciguamiento y disminución. Volvimos en Colombia a esas épocas aciagas de hace 40 años en que las guerrillas y el paramilitarismo estaban desbordados cometiendo cuanto secuestro se proponían.
El Ministerio de Defensa dice que entre enero y marzo de este año 112 personas fueron secuestradas por estructuras criminales, 10 siguen en cautiverio. Las demás fueron rescatadas, liberadas o se fugaron. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Bogotá considera la situación humanitaria en el país “un drama que las cifras no alcanzan a describir”, y ahí están el desplazamiento, los paros armados, los enfrentamientos, el reclutamiento forzado, los secuestros. Todo porque los grupos armados se disputan lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
El país debe rechazar también el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista El Confidente, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por el frente 36 de las disidencias de las Farc, en Briceño (Antioquia) mientras hacía trabajos de reportería sobre derechos humanos y combates en esa zona. Y a pesar de que a todas estas estructuras criminales se les ha exigido libertad inmediata de quienes tienen secuestrados, hay silencio, pero sí exigen al Gobierno continuar con las prebendas que les había concedido cuando se ha intentado un diálogo de paz que ha sido inútil, porque siguen delinquiendo.
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia recordaron que “Colombia es un Estado Social de Derecho regido por la Constitución de 1991, la cual establece que los únicos entes autorizados para juzgar a una persona son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado”. Las palabras del procurador General de la Nación representan el llamado de los colombianos frente al secuestro: “… insto a las autoridades a agotar todos los recursos legales para someter y enjuiciar a los responsables. Hago también un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos humanitarios y a todas las instituciones del Estado para mantener una voz firme y unida frente a estos hechos criminales, que ofenden la dignidad humana y lesionan profundamente a Colombia”.