Aunque la Ley Contra el Ruido en Colombia cumplió el 4 de marzo un año de promulgada se siguen sobrepasando los máximos permitidos. Daría más herramientas, a los ciudadanos para quejarse y a las autoridades para actuar; pero ya pasaron los 12 meses que tenían los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda para expedir una política de calidad acústica nacional y no se ha concluido. El Minambiente además tiene un año y medio, a partir de la sanción de esta Ley, para que revise los niveles máximos de ruido en el país y actualice la reglamentación con medidas especiales, y los municipios con más de 100 mil habitantes deben elaborar también en este tiempo un plan de acción contra el ruido.
Si el manejo del ruido en muchos municipios es tan crítico, por qué no se han cumplido estas demandas legales en los tiempos establecidos. Dice mucho del Gobierno que ya hayan pasado los plazos y no se haya acatado. Terrible que esta sea una Ley que se deje en el papel, porque con su aprobación en el Congreso de la República era la esperanza de muchos que desde sus viviendas siguen teniendo que soportar, especialmente en las noches y fines de semana, el bullicio generado por bares, discotecas, gimnasios, fábricas y establecimientos comerciales. Siguen sacrificando el sueño, la tranquilidad y la salud.
La última queja que publicamos por exceso de ruido en Caldas es en la zona rosa del barrio La Pradera, de Villamaría, en donde la Alcaldía contrató a un privado para hacer las mediciones dentro y fuera de los establecimientos, a pesar de ser un proceso que se puede solicitar a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), como lo han hecho otros municipios, entre ellos Manizales donde el problema del ruido es alto en sectores como Milán, El Cable, Centro, Chipre y La Galería. La Ley Contra el Ruido cambió además la obligatoriedad que se traía de tener que medir los niveles con aparatos técnicos como los sonómetros, para probar que se estaban superando. Ahora basta con testimonios, videos o la presencia de la Policía para intervenir, incluso imponiendo multas, pues ya pasaron los seis meses para aplicar llamados de atención pedagógicos.
La insonorización, como la principal medida para mitigar los impactos del ruido, es un proceso costoso, pero necesario para que converjan en un mismo lugar los usos del suelo residencial y otros de alto impacto como son este tipo de comercios, que es lo que a través del ordenamiento territorial se ha permitido por medio de los concejos. Si esta es una consecuencia, pues los comerciantes deben asumirla. Las alcaldías se deben apropiar de esta situación y por lo menos cumplir con los planes de gestión del ruido, de acuerdo a las realidades que están teniendo en los municipios y luego ajustarse a lo que debe venir desde el Gobierno nacional.
El exceso de ruido es un problema al que no se le puede seguir haciendo el quite por compromisos personales o amiguismos de los funcionarios públicos ni de los concejales. Está considerado como un generador de hechos de violencia y por ese solo motivo debe ser abordado con urgencia, para eso están las herramientas que otorga esta Ley.