Compartimos la preocupación de la Fundación Empresarios por la Educación en el preámbulo de la publicación del libro “Decisiones que cambian la Educación”, que será presentado mañana a nivel nacional, cuando sostiene que el problema en Colombia no es únicamente cuánto se invierte en este sector, sino cómo se decide. Es un mensaje que debe llegar a las administraciones públicas, al sector privado, a las instituciones, y sobre todo especialmente a quienes serán los encargados de dirigir y orientar la educación de esta Nación por los caminos más acertados.
La organización habla de fragilidades identificadas, que están representadas en situaciones como los miles de escolares que ingresan al sistema, pero no logran terminar el colegio; evaluaciones que miden, pero no siempre alcanzan a transformar la política pública; formación y desarrollo del talento humano desconectados del mérito y el impacto del aprendizaje; sistemas de información fraccionados, con una cantidad de herramientas que no se articulan de manera eficaz; decisiones que siguen estando atadas a ciclos políticos y no a la calidad educativa. Todo esto acumulado pareciera ser lo que está llevando a que el 49% de los colombianos crea que el proceso educativo en el país empeora. Esa falta de credibilidad en el sistema también es lo que está impidiendo que se puedan alcanzar los estándares de calidad deseables.
Es una combinación bastante peligrosa cuando a todo lo relacionado como fragilidad por Empresarios por la Educación le agrega que en medio del actual debate electoral solo el 12% de quienes aspiran ser el próximo presidente de la República menciona la educación como una prioridad. Si quien llegue el 7 de agosto de este año a ocupar la Casa de Nariño no está plenamente convencido de que debe transformar todas estas debilidades identificadas en el sistema educativo a través de la formulación de políticas públicas más acertadas, la educación colombiana seguirá rankeada en niveles medios y bajos y los resultados nunca podrán salir a competir en el contexto global.
Por ello es que se considera que no solamente se trata de destinar presupuestos, que obviamente son necesarios e importantes para toda administración pública; pero si estas inversiones no van respaldadas por acciones de gobierno que permitan hacer transformaciones de fondo, será bien difícil sostener una educación de calidad y resolver las diferencias e inequidades que también están presionando a nuestro sistema educativo nacional. Esto se detecta con facilidad en lo que ocurre comparativamente entre la educación urbana y la rural o la privada sobre la pública que está llevando a tener resultados de pruebas académicas, en sus principales áreas de conocimiento, bastante disímiles, y dejan a muchos estudiantes sin posibilidades de culminar sus estudios o de avanzar.

En Colombia, la educación es un sector que recibe el 16% del Presupuesto Nacional, señala la Fundación, y de este total el 8% va a inversión, porcentaje que ha ido disminuyendo en los últimos años y lo que ha hecho es reducir la capacidad de financiar transformaciones estructurales. La educación tiene que pasar de ser solamente parte de discursos y obligada parafernalia de una campaña electoral para cumplirla como lo que es, una obligación constitucional y un deber con todos los ciudadanos.