El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta solicitó el 22 de octubre del 2025 a la Defensoría del Pueblo activar una alerta temprana en este territorio entre Riosucio y Supía por riesgos y amenazas que afectan la vida, integridad y seguridad de la comunidad indígena y de los habitantes de esos municipios de Caldas. Se registraban tres casos de homicidio en los que murieron cuatro personas, dos procedentes de Antioquia; un hurto de uniformes del Consejo Regional Indígena, y la quema de un trapiche.
El lunes sumaron otra muerte. En un atentado a bala dentro de una vivienda que presta servicios como tienda perdió la vida el cabildante Albino Cañas Ramírez, y dejó a su cuñada lesionada. Hasta allí llegaron dos desconocidos que perpetraron el crimen y luego escaparon. Para las autoridades indígenas no puede ser calificado como un hecho aislado, porque ocurre en un contexto de violencia contra quienes ejercen la defensa del territorio. Exigen, y con toda razón, que el Gobierno nacional cumpla con su obligación de proteger a los pueblos indígenas dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Parte de lo que se escucha en estos municipios es que han sido situaciones muy extrañas. En el caso del cabildante se conoció que había recibido amenazas por redes sociales, pero nunca hubo una denuncia oficial. Solo se sabe que su hermano hace parte del proceso de reincorporación como excombatiente de las Farc. Las autoridades en Caldas ofrecieron $10 millones de recompensa por información y crearon grupos investigativos con Policía Judicial, Gaula y CTI. Se espera que se les aplique celeridad a estos procesos y muy pronto estén dando resultados.
Ya son muchos los hechos de inseguridad en el Resguardo Cañamomo-Lomaprieta, no solo muertes, también acciones que están intimidando a estas poblaciones y vulnerando sus derechos. No puede ser que sigan pasando cada tanto y muy rápido queden en el olvido. Hay que hacer, desde la institucionalidad del Estado, todo lo posible por establecer responsables y si es que los delincuentes hacen parte de estructuras ilegales que quieren incursionar en estos territorios y son los que están infundiendo el miedo. también las autoridades indígenas deben abrirse más con información, denuncias precisas y datos que sirvan para esclarecer los hechos.
En este sentido parece ser un camino adecuado que las autoridades en Caldas estén buscando la articulación con las autoridades indígenas de este Resguardo; además de anunciar que ya programaron patrullajes focalizados, puestos de control y presencia permanente de unidades de Operaciones Especiales en Riosucio y Supía. Todo esto se debe mantener, además de lo sucedido porque se acercan las elecciones a Congreso y Presidencia, periodos en los que aumentan los riesgos para territorios como estos en los que la política también ha cobrado vidas.

Las autoridades indígenas insisten a la Defensoría del Pueblo y a organismos de derechos humanos que se active la alerta temprana en el Resguardo porque persisten los riesgos y amenazas que vienen exponiendo desde el año pasado, además piden el acompañamiento en el territorio para sus comunidades. Deben ser escuchados en instancias nacionales y departamentales para garantizarles seguridad, como lo deben hacer con todos los colombianos.