Regresó al Concejo un proyecto con el que la Alcaldía de Manizales busca autorización para disponer de vigencias futuras ordinarias que destinará a infraestructura por valorización en la zona industrial y a construir vivienda nueva en San Sebastián. Este último aspecto corresponde a 56 soluciones para familias damnificadas del invierno entre los años 2010 y 2011, beneficiarias del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción. Para ello el Municipio estableció un convenio con el Fondo de Adaptación, en el que la Alcaldía aporta en especie $336 millones, que es el valor del lote, y el Fondo $7 mil 807 millones para la ejecución.
El año pasado, la Alcaldía le apostó a destrabar este programa de vivienda. También mediante proyecto recibió el visto bueno del Concejo para contar con vigencias futuras; abrió licitación y como solo hubo un proponente que no cumplió los requisitos se declaró desierta. Al pasar de un año a otro se convirtió en vigencia excepcional y obliga a que en este 2026 se solicite de nuevo la autorización. El blindaje del programa en San Sebastián es que los recursos del Gobierno nacional se encuentran certificados en una fiducia.
Hasta ahí todo parece razonable; pero por qué los gobiernos nacional y municipal dejaron transcurrir 14 años para cristalizar esta iniciativa. Acaso más de una década no es mucho tiempo esperando resolver su situación quienes en condición de damnificados por haber ocupado zonas de alto riesgo no mitigable no han podido acceder a vivienda propia, como les prometieron, y muy seguramente han tenido que estar de aquí para allá pagando arrendamiento. Este solo hecho demuestra que la vivienda no ha sido prioridad de las administraciones y que la deuda que se tiene con la población es inmensa.
El programa de San Sebastián es uno de tantos que se requieren en esta capital para solventar el faltante de vivienda. La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Manizales Cómo Vamos mostró que el 49% de los consultados habita en vivienda arrendada o subarrendada, la proporción más alta de todas las opciones, y que el 34% lo hace en vivienda propia. Otro dato que refleja la crítica situación es que sumados son el 68% de quienes les interesa comprar vivienda, pero no tienen para la cuota inicial ni para la cuota mensual; o no lo hacen por otras razones relacionadas con recursos económicos o les interesa, pero no tienen subsidio de vivienda.

Buena parte de la responsabilidad recae en el Gobierno Petro, que decidió suspender desde su llegada en el 2022 programas como Mi Casa Ya, que otorgaba subsidios para que familias y personas de medianos y bajos recursos pudieran soportar el costo de una vivienda nueva; determinación que colateralmente golpeó y ha seguido afectando al sector de la construcción, para el que ha sido bien difícil mantenerse. Quizás hay alcaldes como Rojas en Manizales, que pretendiendo jalonar la vivienda y teniendo iniciativas en las que pueden aportar al menos los predios y algunos recursos, les queda prácticamente imposible ejecutarlas solos, ya que siempre se necesita el aporte de la Nación, que es con lo que no se cuenta.