Crónica del multidespropósito

Danilo, laborioso y honrado campesino, abrió la factura del predial como quien abre una carta del ser amado. Miró, volvió a mirar, buscó los lentes, llamó a su compañera y, finalmente, concluyó que algo no caminaba bien: o su finca ahora quedaba en zona exclusiva con vista al mar -detalle geográfico no menor teniendo en cuenta que la tierrita queda en Aguadas- o el catastro multipropósito había decidido que la realidad no sería tenida en cuenta. La escena, que podría parecer cómica, se repite hoy con variaciones dramáticas en una gran porción del territorio nacional: ahí comienza el multidespropósito.
Para defensores de este catastro multipropósito se trata de una herramienta que simplemente tiene el objetivo de organizar la información del territorio, actualizar datos físicos, económicos y jurídicos, y servir como herramienta para la planificación, cuando en realidad cumple un único propósito, el fiscal, para aumentar los ingresos de los municipios a cuenta de disminuir las obligaciones de la Nación, esquilmando a los propietarios.
Lo que está ocurriendo en numerosos municipios es una actualización masiva de avalúos que, al acercarse al valor comercial -inflado especulativo con el que lo manejan-, termina alimentando un predial que crece más rápido que los ingresos de la gente y los valores reales de los predios. Entre la teoría oficial y la factura de Danilo hay un abismo de diferencia.
Por eso con toda razón aumenta la indignación ciudadana. Las protestas recientes no nacen de un capricho colectivo ni de una súbita afición por la movilización. Son la expresión de un malestar concreto: familias que, sin haber mejorado su vivienda ni ampliado su terreno, descubren que en el papel se convirtieron en potentados…, pero en el bolsillo siguen siendo las mismas. Una riqueza de mentiras con impuestos de verdad.
Y frente a este exabrupto conviene repartir responsabilidades. Los gobiernos de Santos y Duque lo abrazaron con el proceso de actualización catastral multipropósito, que lleva más de 11 años. El de Petro aceleró todo con la actualización automática y masiva de rezagos en el marco del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo de su Gobierno que, sin ir a los sitios y a los predios, calculó un aumento en los avalúos exorbitantes, ya implantado en 48 municipios y que amenaza con golpear a 527 más.
Los tres han preferido ignorar los efectos. Peor en el caso de Petro, porque ha estigmatizado al que protesta y porque desconoce que entre el latifundista improductivo y el pequeño propietario hay un universo de gente que no cabe en los discursos, pero sí en las facturas. Y mientras tanto, el Gobierno nacional culpa a los concejos municipales, los concejos miran la ley, la ley señala al avalúo automático, y el avalúo no contesta porque está ocupado creciendo.
No se trata de errores aislados, sino de una lógica que ata el avalúo al mercado especulativo y aplica actualizaciones masivas sin topes reales, como denuncia Dignidad Agropecuaria Colombiana y otras organizaciones.
La salida pasa por desmontar este modelo de catastro ante avalúos desbordados y prediales impagables que asfixian a campesinos y pequeños propietarios. Transformarlo implica frenar estos incrementos, garantizar prediales pagables y construir una política justa, escuchando a personas como Danilo. Porque si el catastro pretendía poner los pies en la tierra, terminó como Artemis II: en la Luna.