Acerca de la oposición social a proyectos

En línea con la columna anterior en la que se presenta una mirada rápida a la política energética del país y se sugiere una conversación nacional acerca de las opciones para el desarrollo de la hidroenergía, en esta columna se pretende hacer una mirada rápida a los conflictos sociales que afectan los proyectos, entre otros, de los sectores de minas y energía. Y la reflexión se propone justamente a propósito de la oposición social que enfrenta el proyecto hidroeléctrico Miel II, la cual ha sido liderada por el Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas a lo largo de los últimos 14 años. En primera instancia se destaca que la oposición social a proyectos es un proceso de naturaleza compleja y en ese sentido, las causas suelen ser de muy diversa índole. Y así debe ser comprendida. La simplificación o la generalización poco aportan a la comprensión y en cambio alejan las posibilidades de soluciones integrales y estructurales. Creer por ejemplo, que la oposición tiene un solo origen político es un error craso que conduce necesariamente a actuaciones e intervenciones que provocan, la mayoría de las veces, la profundización de los conflictos. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2017 publicó los resultados de una importante investigación bajo el título “Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a la infraestructura en América Latina y el Caribe” en el que concluye acerca del carácter multidimensional de los conflictos y presenta una serie de recomendaciones a los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras que apuntan a promover la proactividad y la planificación integral en los proyectos y el establecimiento de relaciones más horizontales y más equilibradas entre las empresas y los territorios en donde se pretenden establecer los grandes proyectos. La desigualdad y la pobreza son reconocidos como determinantes estructurales de la conflictividad asociada a proyectos de infraestructura y en este contexto, los proyectos de los sectores de minas y energía que se establecen en áreas rurales resultan especialmente susceptibles a enfrentar este tipo de fenómenos. En la mayoría de las áreas rurales, la tierra y el agua son activos críticos y cualquier afectación se percibe como una amenaza existencial. Y si a lo anterior se añade una actuación impertinente de las empresas promotoras de proyectos, con formas de comunicación opacas y modelos confusos de distribución de cargas y beneficios, pues los conflictos casi que resultan inevitables. Las empresas de estos sectores son cada vez más conscientes de la necesidad de fortalecer sus capacidades y sus cualidades para evitar los conflictos asociados a sus proyectos. Para el efecto, han elevado los estándares de desempeño social y ambiental, han introducido modelos de planificación y gestión de proyectos mucho más integrales y modelos de gerencia mucho más humanos y sensibles a las realidades sociales de los territorios donde intervienen. Y creo que es muy fácil estar de acuerdo en que la mejor forma de evitar los conflictos y tal vez la única manera de resolverlos y superarlos es a través del diálogo abierto, incluyente, sincero, tranquilo, simétrico, para lo cual también es necesario preparar y habilitar a las partes y a los escenarios de debate. Es el camino que han emprendido los propietarios del proyecto Miel II en el territorio de influencia, a manera de un restablecimiento y una recomposición de relaciones con las comunidades y con el territorio, esperando que se mejoren las posibilidades de sacarlo adelante en el futuro cercano.