Las imágenes de decenas de personas que arriesgaban sus vidas para apagar el fuego y salvar a los heridos del accidente del avión Hércules que se estrelló en Puerto Leguízamo (Putumayo) mitigan un poco el dolor por la muerte de 69 compatriotas, la gran mayoría jóvenes, quienes terminaron siendo víctimas de un país en el que muchas cosas funcionan mal o, sencillamente, no funcionan.
A la espera de las conclusiones que entreguen las investigaciones sobre el doloroso siniestro, salta a la vista la precaria infraestructura con la que cuenta el aeropuerto Caucayá, de donde partió la aeronave. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, detalló la imposibilidad operativa y financiera que tiene su Administración para gestionar un aeródromo que el Gobierno nacional solo le delegó en funciones, jamás en recursos.
La escasez de herramientas de los cuerpos de socorro también quedó en evidencia. Eduardo Sanjuán, comandante de los bomberos del municipio putumayense, aseguró que la titánica labor de salvar heridos se logró gracias al apoyo de la comunidad que, además de contribuir con su esfuerzo físico, debió hacer colectas para comprar jabón, último recurso para generar la espuma con la que se extinguen este tipo de fuegos, pues los organismos de emergencia no contaban con los químicos que se requieren en estas conflagraciones.
Además de lo ocurrido en el lugar de los hechos, nuestra realidad se evidenció en los centros de poder y en las redes sociales, el nuevo escenario y promotor de la pugna y la evidente polarización política e ideológica que lo carcome e irrespeta todo, incluso el duelo de cientos de familiares y allegados de los 69 compatriotas, cuyos cadáveres todavía estaban tibios cuando desde el Gobierno y la oposición se lanzaban acusaciones sobre la responsabilidad del siniestro.
Por un lado, unos líderes empecinados en demostrar que el único culpable de la caída del Hércules era el presidente, Gustavo Petro, y, por el otro, el primer mandatario y buena parte de sus colaboradores y defensores, que nos querían hacer creer que este Gobierno no tenía nada qué ver con el asunto y que todo lo malo que se pudo haber hecho fue obra de Iván Duque y sus funcionarios, a pesar de que el expresidente está fuera del poder desde hace más de 43 meses. 
La cereza del pastel la puso el propio Petro al descalificar públicamente los argumentos técnicos dados por el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Silva, quien con datos en la mano desestimó las aseveraciones del presidente acerca de la vida útil del avión, al que calificó en diferentes ocasiones como “chatarra”.
A todo esto, se suman las más recientes denuncias públicas hechas por los familiares de las víctimas, quienes han señalado que inescrupulosos se les han acercado para solicitarles dinero a cambio de asegurarles éxito en los trámites de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho.
La reacción ciudadana merece un capítulo aparte. En otro tipo de sociedades, una situación de esta magnitud generaría un profundo y emotivo duelo nacional; en nuestro creciente proceso de anestesiamiento, el hecho pasó a ser uno más entre los innumerables sucesos en los que la muerte es protagonista.
Solidaridad, descentralización mal ejecutada, falta de infraestructura, desdén por los organismos de socorro, escasez de recursos, polarización, evasión de responsabilidades, megalomanía presidencial, corrupción e indiferencia son algunos de los rasgos del país que salen a flote con esta tragedia. Al final, todo eso somos.