Garantías electorales de papel

En su acostumbrado tono grandilocuente el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “Este Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para dar garantías electorales a las candidatas y los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales”. El pronunciamiento se dio mientras sesionaba en Manizales la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.
La aseveración de Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter) no solo riñe con la evidencia, sino que encierra una gran dosis de cinismo, pues él mismo, en la red social donde habla de garantías, ha atacado a candidatos a la Presidencia, al punto de sacar a relucir asuntos tan triviales como implantes en los glúteos y otras banalidades que degradan el debate electoral, ya de por sí nivelado por lo bajo.
Las cosas van más allá de declaraciones altisonantes y del uso irresponsable del poder y los recursos que brinda estar en altas posiciones del Gobierno para intervenir en la campaña, como lo hace con frecuencia el propio presidente de la República, en contravía de las normas que tienen mucho de anacrónicas, pero que son las que rigen en la actualidad y que mientras no se deroguen se deben respetar.
La triste realidad es que las elecciones del 2026 han estado marcadas por la violencia y eso es innegable. El lamentable asesinato del precandidato Miguel Uribe no se constituye en un hecho aislado; el último año ha sido de zozobra para cientos de comunidades que sufren las consecuencias del incremento de la violencia en plena época electoral, lo que se refleja en las 52 masacres ocurridas en lo que va del 2026 (dato de Indepaz) o en el número de homicidios, el más alto de la última década, según los datos disponibles en Medicina Legal. En esta barbarie cayó el periodista Mateo Pérez Rueda, por ejercer su trabajo en una región dominada por la delincuencia.
La zozobra también la viven los candidatos, las amenazas han sido la constante y las imágenes de los aspirantes a la Presidencia y de sus fórmulas vicepresidenciales protegidos por escudos antibalas se convirtieron en paisaje. Así vimos, por ejemplo, a Aida Quilcué cuando hace algunas semanas llegaba a una concentración en la Media Torta de Manizales o al mismo Iván Cepeda en diferentes manifestaciones. Los menciono porque representan el mismo movimiento que nos gobierna y del que hace parte activa Armando Benedetti, quien afirma lo que afirma.
En reciente entrevista, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo una cruda radiografía. De los cerca de 1.100 municipios que tiene el país, 555 reportan presencia de grupos armados ilegales y en 207 hay disputas por el control territorial.
Para enrarecer más el ambiente, se dio a conocer un audio en el que se escucha a un extorsionista recluido en la cárcel Picaleña (Ibagué) indicar: “Ojalá gane el compañero Cepeda”, y por hacer campaña abiertamente por el mismo candidato, la Procuraduría suspendió provisionalmente a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití.
En conclusión, lo de las garantías tiene más de pronunciamiento oficial que de realidad; seguramente se han hecho esfuerzos, pero salta a la luz que no son suficientes. Y mientras haya un solo colombiano que vote o deje de votar coaccionado o temiendo por su vida, nuestra democracia está en peligro.