Los gestos que preparan el incendio

Uno de los mayores errores de las sociedades contemporáneas consiste en creer que la violencia comienza únicamente cuando aparecen los atentados, los disparos o los muertos. Sin embargo, mucho antes de que la violencia física se haga visible, suele incubar una degradación progresiva del lenguaje público, de los símbolos y de las emociones colectivas. El teórico de la paz Johan Galtung distinguió tres formas de violencia: la directa, la estructural y la cultural o simbólica. La primera se expresa en las agresiones concretas; la segunda aparece en estructuras sociales que perpetúan exclusión, desigualdad y ausencia de oportunidades; y la tercera legitima las anteriores mediante discursos, narrativas y símbolos que normalizan el desprecio y convierten al adversario en enemigo.
La violencia simbólica no produce cadáveres inmediatos, pero sí crea las condiciones culturales para que otros terminen justificando la agresión. Allí radica su enorme peligro. Cuando una democracia pierde los límites éticos del lenguaje y transforma la controversia en hostilidad permanente, comienza lentamente a erosionar los consensos mínimos que sostienen la convivencia civilizada.
Por eso lo ocurrido con el mural frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez no puede interpretarse como un hecho menor o simplemente anecdótico. El problema no es solamente el mural, sino el ambiente político que refleja y alimenta. Colombia parece entrar nuevamente en un laberinto donde las violencias simbólicas se cruzan con resentimientos acumulados y radicalizaciones ideológicas cada vez más agresivas.
El riesgo es todavía más grave en un país atravesado históricamente por las mafias del narcotráfico, las economías criminales de la minería ilegal y unas brechas sociales profundamente dolorosas. En una sociedad donde ya existen violencias estructurales tan profundas, añadir irresponsablemente violencia simbólica equivale a manipular una bomba explosiva.
En este contexto resulta especialmente delicado que el propio presidente, Gustavo Petro, haya contribuido a sembrar dudas sobre la legitimidad del sistema electoral colombiano y sobre las instituciones encargadas de administrarlo. Más aún cuando distintos observadores y veedores internacionales han reconocido reiteradamente la capacidad técnica y logística de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desconocer de entrada la legitimidad de unos resultados, dependiendo de si favorecen o no al oficialismo, introduce un elemento de enorme inestabilidad social y política.
Tampoco puede olvidarse el papel que Petro desempeñó durante el estallido social, alimentando muchas veces escenarios de confrontación y presión callejera. Precisamente por eso preocupa que, en lugar de asumir plenamente la dignidad moderadora de la jefatura del Estado, prefiere actuar como jefe de debate de su sector político y del senador Iván Cepeda Castro.
Colombia necesita contención democrática, responsabilidad discursiva y firmeza institucional. Porque los países rara vez se destruyen de un día para otro: antes de las llamas siempre aparecen pequeños gestos que muchos deciden considerar normales. Y cuando una sociedad deja de escandalizarse frente al deterioro del lenguaje público, termina descubriendo tarde que las palabras pueden convertirse en fósforos. Entonces ya no basta apagar incendios: hay que reconstruir la confianza y el sentido nacional.