Hay decisiones públicas que, aun cuando nacen de una necesidad legítima, terminan desbordándose hacia terrenos donde causan más daño que el que pretenden reparar. Eso parece estar ocurriendo con el Impuesto al Patrimonio establecido mediante el Decreto 0173 del pasado 24 de febrero, expedido al amparo de la emergencia económica derivada del invierno y sus estragos, particularmente en Córdoba.
Gravar a quienes más tienen no solo es razonable, sino que responde a un principio básico de justicia tributaria: la progresividad. En situaciones excepcionales, como una emergencia nacional, ese criterio adquiere aún mayor fuerza. Pero una cosa es exigir un mayor esfuerzo a los más ricos, y otra muy distinta es extender ese mismo bisturí fiscal -sin mayor discriminación- a quienes, lejos de acumular riqueza, dedican sus recursos a generar valor social.
El Impuesto al Patrimonio no recayó exclusivamente sobre grandes fortunas personales y empresariales. También alcanzó a entidades sin ánimo de lucro: universidades privadas, colegios y organizaciones sociales que cumplen funciones esenciales en el tejido del país. Instituciones que no distribuyen utilidades, sino que reinvierten cada peso en educación, investigación, inclusión y desarrollo comunitario.
En el caso de las universidades privadas, el efecto es especialmente preocupante. Como lo ha advertido ASCUN, este gravamen compromete directamente su capacidad de ofrecer becas, subsidios y apoyos a estudiantes, además de afectar la inversión en investigación y calidad académica. No se trata de balances financieros abstractos: se trata de oportunidades reales que dejarán de existir para miles de jóvenes.
Las universidades son, en sentido estricto, un bien público. Su impacto trasciende a quienes pasan por sus aulas; irradian conocimiento, cultura y desarrollo hacia sus regiones. Castigarlas fiscalmente en medio de una emergencia es, en el mejor de los casos, una torpeza técnica; en el peor, una incomprensión profunda de su rol en la sociedad.
Pero el problema no se agota allí. El mismo rigor ha caído sobre organizaciones no gubernamentales que trabajan en los territorios más vulnerables. Fundaciones que suplen vacíos del Estado, que educan, alimentan, acompañan y transforman comunidades. Resulta difícil no estremecerse al conocer los montos que deberán pagar algunas de ellas, en dos cuotas, más que contribuciones confiscatorias.
El caso de Fe y Alegría es ilustrativo: un movimiento de educación popular que ha sido motor de esperanza para miles de familias en Colombia. Que una organización de esta naturaleza tenga que desviar recursos -destinados a los más pobres- para cumplir con una carga tributaria extraordinaria, revela una falla grave en el diseño de la medida.
En nombre de la urgencia, el Estado no puede perder la precisión. Porque cuando el bisturí fiscal se usa sin criterio, no solo corta donde debe: también hiere donde no corresponde. Y en este caso, está afectando a quienes, silenciosamente, sostienen buena parte del capital social del país. Corregir este despropósito no es un asunto ideológico, sino de sensatez. De lo contrario, terminaremos financiando la emergencia de hoy al costo de debilitar las soluciones de mañana.