Faltan ocho días para que los colombianos elijamos Congreso y participemos en las consultas interpartidistas que comenzarán a perfilar la elección presidencial. En medio del ruido, la propaganda y la polarización, conviene volver a lo esencial: la calidad de nuestra democracia depende en buena medida de la calidad y legitimidad del Congreso que integremos con nuestro voto.
Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, el Congreso ocupa un lugar central en el equilibrio institucional. Allí se hacen las leyes, se ejerce el control político y se concretan -o se corrigen- las grandes reformas nacionales. Un Congreso serio puede construir acuerdos amplios en materias sociales y económicas; también puede actuar como muro de contención frente a iniciativas que, sin suficiente sustento técnico o constitucional, comprometan la estabilidad del país. Esa doble función es indispensable en una democracia madura.
Pero para que cumpla su misión necesita legitimidad. Y la legitimidad nace de la participación. Un Congreso elegido con amplia concurrencia ciudadana tiene mayor autoridad moral y política para deliberar y decidir. La abstención, en cambio, debilita el mandato democrático y deja el terreno libre a maquinarias que no siempre representan el interés general.
La integración del Congreso es, por ello, decisiva. No podemos normalizar que las curules se conviertan en plataformas de intercambio de favores, contratos o puestos. Cuando el voto parlamentario se negocia, se desfigura la representación y se erosiona la confianza pública. El país necesita senadores y representantes con criterio propio, independencia real, capacidad de estudio y disposición para construir consensos sin renunciar a principios.
El Senado está llamado a deliberar con altura, a producir leyes sólidas y a ejercer un control político oportuno y eficaz. Además, participa en la elección de magistrados y de altas autoridades de control, decisiones que impactan directamente la estabilidad institucional. La Cámara de Representantes, por su parte, debe fortalecer su carácter y su compromiso con las regiones, evitando cualquier forma de cooptación o subordinación a intereses indebidos.
Nada de esto será posible sin un ciudadano exigente. La democracia no se reduce al gesto mecánico de marcar un tarjetón. Votar es un acto de responsabilidad moral y ciudadana. Es afirmar que la conciencia no está en venta y que la representación no se delega a cambio de beneficios particulares. Cuando el voto se intercambia por una dádiva, no solo se afecta una elección: se resiente la dignidad misma de la persona y se empobrece la República.
La dignidad del voto exige información y discernimiento. Implica revisar hojas de vida, examinar trayectorias, evaluar coherencias y preguntarse si el candidato ha demostrado independencia frente a las presiones del poder. Significa comprender que no elegimos gestores de favores, sino legisladores responsables de orientar el rumbo institucional del país.
Si queremos curules sin precio, necesitamos votos sin precio. Si aspiramos a un Congreso fuerte e independiente, debemos ejercer una ciudadanía igualmente firme y consciente. En estas elecciones no solo escogemos nombres: decidimos la calidad de nuestra democracia. Cuidar la dignidad del voto es cuidar la dignidad de Colombia.