Hace algunas semanas destaqué en este mismo espacio los que, en mi opinión, fueron los cinco hechos económicos más importantes del 2025. El ranking lo componían, desde el quinto hasta el primer lugar, la caída del precio del dólar, el récord de remesas recibidas (13.098 millones de dólares), el comportamiento del trinomio PIB/inflación/desempleo, la política pública frente a los combustibles y el gravísimo deterioro de las finanzas de la Nación.
Y cuando creíamos que el ‘año económico’ había terminado, sucedió lo impensable. El Gobierno nacional, contra todo pronóstico, decretó el 22 de diciembre una Emergencia Económica, con la cual quiso ‘hacerle el quite’ al Congreso de la República que días atrás le había negado la reforma tributaria.
Y como era de esperarse, el aparato productivo nacional puso el grito en el cielo por los 11 billones de pesos que le extraerían del bolsillo en el 2026, por cuenta de la cascada de impuestos que trajo consigo la emergencia económica decretada.
Y no es para menos; veamos los impuestos que están en juego para este 2026. El impuesto al patrimonio, que se paga a partir de $3.585 millones de patrimonio, a tarifas entre el 0,5% y el 1,5%, ahora lo pagarían patrimonios mayores a $2.095 millones y con tarifas entre el 0,5% y el 5%.
Todos los vinos y licores verán casi cuadruplicado el IVA, hoy en el 5%, que pasaría al 19%, además de que el impuesto por grado alcoholimétrico sería triplicado de $245 hoy a $750, lo que irremediablemente castigaría el consumo y, con ello, las finanzas departamentales.
Pero la cascada de impuestos no paró allí. Le ponen un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados por internet; suben al 50% la tarifa del el Impuesto de Renta a los bancos y demás entidades financieras; ponen una tarifa del 1% a las exportaciones de carbón y petróleo; incrementan el impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos; y de ñapa, crean un impuesto del 2,5% sobre las utilidades de las generadoras de energía eléctrica. En fin, quizás algunos de estos impuestos sean justificables, pero hay otros que definitivamente no tienen asidero.
La Emergencia Económica, con los nuevos impuestos que trajo consigo, pone de presente una difícil encrucijada para el país, porque más que la credibilidad y sostenibilidad fiscal, lo que realmente está en juego es la puesta a prueba de la institucionalidad colombiana.
La Constitución Política establece claramente que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente declarar el Estado de Emergencia, cuando se trate de situaciones sobrevinientes, extraordinarias e imprevisibles. Y no cabe allí que una decisión del Congreso de la República, tomada en democracia, sea el sustento de una emergencia económica. ¡Ni más faltaba!
Por ello la Corte Constitucional, en su sano juicio, ha tomado el camino correcto al suspender provisionalmente la medida. Y confiemos en que la decisión de fondo la revoque definitivamente. ¡Amanecerá y veremos!