Repatriar el ahorro pensional: ¿una medida conveniente?

Continúa el debate sobre la entrada en vigor del Decreto 369 del 2026, que limita al 30% las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior. Como lo he expresado en este espacio en ocasiones previas, esta medida es inconveniente para la economía colombiana y para los ahorradores que hacen cada mes su aporte pensional.
Los fondos de pensiones son los encargados de administrar el ahorro pensional de los colombianos y tienen como función primordial obtener las mejores rentabilidades para ese dinero y aprovechar las oportunidades financieras, tanto en Colombia como en el exterior.
Actualmente, la normatividad vigente les permite invertir en el exterior hasta un 50% de estos ahorros, con el propósito de lograr el mayor rendimiento posible. Tal objetivo lo han cumplido con creces, pues han alcanzado, desde su creación, rendimientos promedio del orden del 7% anual, descontadas inflación y comisiones, gracias a una estrategia de inversión diversificada que incluye a los mercados internacionales. Mejor, imposible.
Pues bien, resulta que el Gobierno Nacional pretende, con el citado Decreto 369, que los fondos de pensiones reduzcan del 50% al 30% la inversión de estos recursos en el exterior para incrementar la inversión local. Pero vale la pena aclarar que los fondos de pensiones ya invierten en Colombia de manera significativa en infraestructura, concesiones viales y proyectos productivos, pero lo hacen cuando las condiciones de riesgo y rentabilidad así lo permiten.
Ahora bien, este decreto implicaría la repatriación de no menos de 25.000 millones de dólares, una cifra de considerable magnitud que ejercería, inevitablemente, una presión a la baja sobre el precio del dólar, profundizando los niveles actuales.
Las consecuencias para la economía serían complejas. En el corto plazo, un dólar más débil reduciría los ingresos en pesos de los exportadores colombianos, afectando su competitividad en los mercados internacionales. En el largo plazo, el impacto sobre el ahorro pensional sería igualmente significativo ya que la rentabilidad caería a niveles del 3,8% anual, según Asofondos, lo que se traduciría en pensiones más bajas para millones de colombianos.
No puede descartarse que este decreto responda, al menos en parte, a las crecientes necesidades de caja del Gobierno. Los recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación son cada vez más escasos y los que se consiguen vía deuda resultan progresivamente más onerosos, como lo evidencia la reciente colocación de TES que hizo el Ministerio de Hacienda a la elevada tasa del 15% anual.
Paradójicamente, la repatriación de estos recursos a Colombia generaría condiciones favorables para las finanzas públicas, pues los recursos ingresados serían fuente de mayor disponibilidad de financiamiento para el Gobierno, a tasas de interés más bajas y, paralelamente, con un dólar más débil que reduciría el costo de la deuda externa. Sin embargo, estos beneficios fiscales contrastarían con los costos para los ahorradores.
En conclusión, si bien el decreto busca fortalecer la inversión nacional, un objetivo loable, lo cierto es que podría tener un costo muy alto: menores rendimientos para los ahorros de millones de colombianos que esperan una pensión digna para su vejez.