Los sistemas electorales son parte fundamental de cualquier sistema democrático. Son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen a sus representantes y participan en la toma de decisiones políticas. De su calidad dependen la más genuina representación popular y la más real y efectiva participación ciudadana.
Muchos de los componentes del sistema electoral colombiano se desprenden de la Constitución de 1991; la necesidad de desmontar el férreo bipartidismo y ampliar por esa vía la democracia para hacerla más participativa fue uno de sus fundamentos. Esa que fue una buena intención terminó generando consecuencias perversas. Hoy tenemos un sistema electoral enredado, poco transparente y en exceso complejo.
Los mecanismos de postulación de candidatos se ahogan en un mar de incertidumbres y contradicciones: Casi no hay candidatos de origen partidista, y al contrario, casi todos se niegan a aparecer bajo su amparo para simular ser apolíticos y alejados de lo que llaman con desprecio las maquinarias electorales tradicionales. Una de las consecuencias más viciosas de esta actitud es la proliferación de candidatos presidenciales que se presentan a nombre de “grupos significativos de ciudadanos” a partir de la recolección de firmas. Este mecanismo se ha venido degradando, ya existen verdaderas empresas de recolección de firmas, lo cual desnaturaliza la voluntad popular y deforma la verdadera participación ciudadana.
Cecilia Orozco Tascón en su columna del miércoles pasado en El Espectador desnudó los despropósitos del proceso de recolección de firmas del candidato Abelardo de la Espriella, al demostrar que de las más de 5 millones de rúbricas que anunció con bombos y platillos, solo fueron avaladas por la Registraduría un poco más de un millón y medio.
Con la recolección de firmas como método para legitimar candidatos se adelantan con descaro las campañas electorales y se invierten ingentes recursos económicos que nadie controla. A menos de un mes de las elecciones para Congreso, todavía hay listas que se hacen y se deshacen por falta de claridad en el funcionamiento de los partidos. Las coaliciones, personerías y consultas aparecen y desaparecen a velocidad de vértigo mientras el Consejo Nacional Electoral alarga sus decisiones y pone en entredicho la legitimidad del todo el sistema.
En el escenario electoral se compran y se venden votos sin pudor, se aceitan las maquinarias con presupuesto público y dineros de todos los orígenes. Los topes financieros de las campañas se superan con descaro y no hay autoridad que los vigile, los ponga en evidencia y lo sancione.
Los partidos, que son componentes esenciales de la democracia real, perdieron vocación de poder. Colectividades históricas como el liberalismo y el conservatismo no acaban de definir sus candidatos presidenciales. Hibernan a la sombra del desorden y esperan. Todo esto en un escenario de violencia exacerbada como lo documentó la MOE, supone riesgos muy serios para nuestro sistema democrático. Lo más delicado es que un sistema electoral en estas condiciones no es el escenario propicio para escoger, de entre sus ciudadanos, a los mejores para gobernarnos bien.
Quienes se preguntan cómo ha sido elegido dos veces Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, encuentran la respuesta en el desorden de su sistema electoral y en la debilidad de sus partidos políticos.
La reforma del sistema político y electoral es un desafío institucional inaplazable. No será posible construir un poder público eficiente y no funcional a la corrupción si no cambiamos drásticamente las reglas de juego de nuestra democracia.