La Constituyente va porque va

La Constituyente nace con un pecado de origen, la mentira: en campaña Gustavo Petro juró que, de ser presidente no la convocaría y ya lo hizo; ha puesto en marcha los mecanismos para hacerla viable: desde el Gobierno impulsó la iniciativa legislativa y su formalización con la integración e inscripción del comité promotor en la Registraduría. No es una iniciativa popular; no ha nacido como fruto de una movilización social espontánea o de un acuerdo nacional como sí ocurrió en 1991 con el movimiento de la Séptima Papeleta. Todo se ha dispuesto desde el Gobierno y ha sido en el mismo palacio de Nariño donde se han redactado los fundamentos del proyecto de ley que convoca la consulta. Esta propuesta no detendrá su marcha y de ella tendremos que seguir hablando en los tiempos venideros.
Bien porque Iván Cepeda gane la Presidencia o bien porque la pierda. En el primer caso porque el candidato no se atreve a contrariar a su eficiente jefe de debate, Gustavo Petro, y en el segundo porque el presidente sabe que una forma de reelegirse por lo menos simbólicamente es contando con una causa que desde la oposición, le permita seguir manejando buena parte de la agenda pública del país. Si esto es así, los fundamentos de la propuesta se caen por su propio peso; sus justificaciones teóricas carecen de fuerza y sus presupuestos fácticos no tienen suficiente solidez.
La exposición de motivos señala básicamente tres elementos justificativos: que el contexto social de hoy es comparable al que se presentó en 1991; que el sistema presidencialista que nos rige tiene imperfecciones que es imperativo superar; y que existe un bloqueo institucional que ha impedido avanzar con las reformas sociales que el país reclama.
No es preciso afirmar que las circunstancias políticas, sociales e históricas de la Constitución de 1991 eran iguales o muy parecidas a las de hoy: por aquellos años se trataba de cambiar una Constitución centenaria, de naturaleza autoritaria, clerical, vacía en materia de derechos, con un profundo sesgo presidencialista y funcional al irrespeto de los derechos humanos a través del Estado de Sitio. Con todo y la criminalidad que seguimos padeciendo, no es comparable a la violencia desatada en esos años por los carteles de la droga y el paramilitarismo en expansión.
Estoy de acuerdo con el profesor Uprimny quien ha venido ventilando en el ámbito académico la vieja idea en torno a que es mejor para nuestros países un sistema parlamentario que un sistema presidencialista. Francamente creo que esta discusión no se aviene con las urgencias de ahora en este país tan agobiado.
Está documentado en múltiples textos académicos cómo los gobiernos autoritarios (izquierda o derecha) tienen la tendencia a asumir que cuando los órganos del Estado no actúan conforme a sus deseos, es porque hay un bloqueo institucional. Y proponen como salida cambios constitucionales sobre la base de la inalienable, dicen, soberanía popular. Ya pasó en Nicaragua, El Salvador y Venezuela, solo para hablar de nuestro vecindario más próximo.
Estos argumentos que son la parte sustantiva del proceso constituyente en marcha se pueden y se deben discutir; los que son muy difíciles de digerir en el contexto de una democracia material, son los argumentos de forma explícitos en el decreto de convocatoria: las amplias facultades que se le otorgan al presidente de la República para que por ejemplo decida cómo se integraría la Asamblea, tienen un evidente sesgo corporativista muy cercano a ciertas expresiones del fascismo. Lo cierto es que la Constituyente va porque va; preparémonos para seguir hablando del tema.