Autopistas del Café, ¿todo por los votos?

Autopistas del Café fue una de las primeras concesiones que se firmaron en Colombia. Su vigencia, 30 años, concluye el año entrante en febrero. Fue una concesión de primera generación y el país ya va por la quinta. Los términos de los contratos iniciales adolecieron de muchas fallas que se han venido corrigiendo con el tiempo. Esto, sin descontar los actos de corrupción que también han operado contra la legitimidad del modelo. Los casi 20 otrosí y el laudo arbitral del 2018 que se han incorporado a este contrato hablan en general de las imperfecciones de los acuerdos iniciales y la necesidad de ajustarlos.
Al sistema de concesiones hoy le falta transparencia, justicia y equilibrio territorial y comunitario, mayor participación ciudadana, mejor manejo de los tiempos en estudios y diagnósticos ambientales y sobre todo, mayor cuidado en la ubicación y definición de tarifas de los peajes. Con estas consideraciones, he presentado al Congreso, con la asesoría del ingeniero José Fernando Botero, un proyecto de ley que busca actualizar las normas que en Colombia determinan el funcionamiento de los contratos de concesión vial. Ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de Senado y espero que tenga un trámite exitoso.
Ahora bien, la discusión alrededor de Autopistas del Café y de la eventual iniciativa IP Conexión Centro, está dejando un ambiente preocupante. Pareciera que decisiones de enorme impacto regional se están tomando más desde las urgencias electorales de la actual coyuntura, que desde la planeación técnica y el cumplimiento de la ley. Resulta difícil de entender cómo un proceso de iniciativa privada regulado por normas pueda interrumpirse de manera abrupta, al calor de presiones políticas. Colombia es un Estado de Derecho; las normas y los procedimientos están para ser cumplidos. No se puede aceptar que quien manda, lo haga por encima de la ley.
La propuesta de IP Conexión Centro lleva años de preparación y en su elaboración se han invertido más de 30 mil millones de pesos; las autoridades están a punto de tomar una determinación sobre su viabilidad o no. Al margen de si se está de acuerdo o no con esa propuesta, su formulación se ha venido tramitando dentro del marco legal y contractual, ¿para qué entonces violentar el marco jurídico y desconocer derechos con decisiones apresuradas? Cerca de la fecha de la terminación de la Concesión, ¿qué explica, si no es el momento electoral, la urgencia de tomar decisiones arbitrarias como suspender peajes y anunciar sin ningún fundamento legal, el cambio del esquema tarifario? Desde lo jurídico y contractual, el Gobierno no lo puede hacer. Y si lo hace, como lo está haciendo, tendrá que asumir las consecuencias de demandas millonarias que al final terminaremos pagando todos los ciudadanos.
Esta decisión afecta a todo el Eje Cafetero y a parte del Valle del Cauca, territorios cuya conectividad, competitividad y desarrollo han estado ligados durante décadas al corredor vial de Autopistas del Café.
Este es un ejemplo claro de cómo este Gobierno no tiene respeto por la institucionalidad; menos aún cuando de por medio está la necesidad de ganar las elecciones, porque entre muchas otras cosas, sabe que tendrán que responder por los desafueros de todo tipo que han venido cometiendo durante estos casi cuatro años.
Acompañamos a quienes expresan dudas sobre la IP Conexión Centro si ella no entraña una redistribución de las tarifas de los peajes y la remoción de los tres peajes que tienen entrampadas al Área Metropolitana Centrosur de Caldas y a los municipios del occidente caldense. Pero eso no significa que seamos conniventes con la tendencia de este Gobierno a saltarse las normas para atender urgencias electorales.