Miguel es un niño de 12 años que cursa séptimo grado en un colegio público de Manizales. Su madre trabaja en el sector informal como empleada doméstica, sin contrato fijo ni protección del sistema de salud y seguridad social. Sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades de ambos, quienes viven en un humilde inquilinato porque, como muchas mujeres de este país, ha tenido que asumir sola la “paternidad” ante la indiferencia y la irresponsabilidad de quienes creen que pueden ir por el mundo dejando el lastre de su vergüenza.
Miguel, ya con uso de razón, ama profundamente a su madre y le agradece sus esfuerzos. De ahí que estudie con dedicación y esmero, convencido de que la educación es la vía para darle a su madre la vida que ella merece. Lamentablemente, la situación escolar que vive no es la mejor y juega en contra de sus aspiraciones: muchas veces no hay clases, unos días salen temprano y la jornada es recortada, en ocasiones la jornada empieza tarde, no hay posibilidades de formación bilingüe, la infraestructura tecnológica es precaria, los resultados en pruebas Saber son muy bajos, y los índices de ingreso de sus estudiantes a la universidad son paupérrimos. Por eso, doña Isabel, la mamá de Miguel, mantiene la esperanza de que su hijo pueda acceder a un colegio privado becado por el Gobierno.
Hasta aquí, una historia ficticia que seguramente no dista mucho de la realidad y que considero pertinente desde el punto de vista pedagógico para ilustrar mi reflexión.
Comprendo el afán de Miguel y de su madre por acceder a una educación de calidad que le permita mejores posibilidades de vida. Comprendo igualmente la controversia que ha causado el Proyecto de Ley S056 del 2024, que cursa trámite actualmente en el Senado de la República sobre el tema de los bonos escolares, mecanismo que, en esencia, busca becar a niños de estratos desfavorecidos para que puedan acceder a instituciones educativas privadas de calidad.
También comparto la preocupación de quienes consideran que dicho proyecto es una ofensiva contra la educación pública y que, de aprobarse, podría abrir la puerta a una progresiva privatización de la educación. Definitivamente, ese no es el camino. Por más legítimo que sea el derecho de Miguel y de su mamá a aspirar a una educación con mejores horizontes, es el Estado el que tiene la obligación de garantizar esas condiciones en el sistema público. De hecho, el Gobierno nacional y el Congreso de la República deben intervenir el sistema educativo de manera estructural, con énfasis en la calidad. Me refiero a reformas políticas serias, a una mayor asignación presupuestal y a una carrera docente generosa en bienestar y reconocimiento.
Miguel quiere acceder a una escuela privada porque siente que en la pública no aprende. ¿Por qué no aprende? Estoy convencido de que en ello hay inmensas responsabilidades del Estado, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo, sencillamente porque la educación no ha sido una prioridad nacional. Pero también estoy convencido de que en el diseño de esa escuela donde el niño no aprende hay responsabilidad de maestros, directivos y organizaciones sindicales. Por todo esto, el sistema no se reestructura, no se moderniza y no evoluciona al ritmo que el país necesita.
Concluyo diciendo que la única vía para frenar la privatización de la educación es la dignificación de la escuela pública: que el Estado responda por la infraestructura y el equipamiento, y que los maestros y directivos hagan lo propio en el rediseño y el fortalecimiento de las estructuras curriculares y pedagógicas. Solo así Miguel y millones de colombianos que hoy viven en condiciones similares podrán disfrutar una escuela dignamente pública que avanza hacia la excelencia.