Petro y su constituyente

Colombia se ha caracterizado por su régimen presidencialista, en el que el jefe de gobierno tiene un enorme poder. Controla los ministerios e institutos descentralizados; así mismo, es el “dueño de la plata”, por lo que las gobernaciones y alcaldías dependen del presidente para desarrollar sus planes de gobierno. Igualmente, tiene injerencia en los nombramientos de los directivos de los órganos de control y participa en la elección de los magistrados de las altas cortes y de los codirectores de la junta directiva del Banco de la República.
Sin embargo, en este Gobierno, la independencia de este Banco, los fallos de las altas cortes y los debates en el Congreso han generado una enorme incomodidad, al punto que el presidente considera que ha sido objeto de un “bloqueo institucional”. Siendo este el argumento central de su propuesta para una Asamblea Nacional Constituyente, es importante tener claro lo que busca cambiar.
Pretende incluir nuevos capítulos sobre salud, pensiones y educación, con el propósito de limitar la participación del sector privado. A esto se suma la intención de suspender la autonomía del Banco de la República, limitar poderes a las cortes y otorgar facultades extraordinarias al presidente para firmar decretos-ley sobre temas sociales cuando considere que el Congreso no está cumpliendo con sus funciones.
La meta es presentar la iniciativa, respaldada por 5 millones de firmas, el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso. Esta campaña también le está sirviendo de impulso a la candidatura de Iván Cepeda. Para que el proceso de la Constituyente salga adelante, debe ser avalado por la Corte Constitucional y aprobado por el Congreso, donde no hay mayorías. Además, de llegarse a aprobar, los congresistas se enfrentarían al riesgo de quedarse sin funciones mientras sesiona la asamblea, e inclusive -tal como sucedió en 1991- la Constituyente podría terminar modificando totalmente la Constitución y revocando al Congreso. Esto hace que su aprobación sea poco atractiva para los legisladores. Posteriormente, si la iniciativa supera esta instancia, requerirá la aprobación por voto popular de más de 13 millones de personas.
Mientras tanto, Iván Cepeda evita opinar abiertamente sobre la constituyente, consciente de que el tema espanta al votante moderado y de centro que está necesitando. Sin embargo, en sus eventos públicos se recogen activamente firmas para apoyarla. Aliados a su campaña, como el exministro Juan Fernando Cristo, aseguran que la iniciativa no se tramitaría en un eventual gobierno de Cepeda, y en las negociaciones con el Partido Verde se planteó la posición de no apoyar dicho trámite. No obstante, la postura de Cepeda deja muchas dudas.
Aparentemente, su silencio obedece al deseo de no confrontar al presidente, pero todo apunta a que su apuesta final es reformar la Constitución, ya sea apoyando la iniciativa de Petro o sacando adelante su propia propuesta de una “alianza nacional”. Bajo esta figura, buscará acuerdos con grupos sociales y empresariales que serían refrendados mediante decretos-ley, evitando el paso por las cortes y el Congreso, trámite que califica de “engorroso” de acuerdo a su experiencia legislativa.
El recorrido que le espera a la Asamblea daría para que esta arrancara en el año 2028. Esto significa que Colombia tendría a Petro en campaña por largo rato, sobre todo porque su aspiración es hacerse elegir como asambleísta. Allí, muy seguramente, no solo buscaría una nueva Constitución, sino que incluso, podría abrir las puertas para su reelección.