A un costado de la vía que comunica a Chinchiná (Caldas) con Santa Rosa de Cabal (Risaralda), en el peaje Tarapacá II, permanece instalada la carpa de diálogo y varios vehículos de los manifestantes que continúan en protesta pacífica mientras esperan una nueva mesa de diálogo con delegados del Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir el futuro de la concesión vial de Autopistas del Café.
Uno de los anuncios que más expectativa generó entre los manifestantes fue la confirmación de que la vía no será incorporada al proyecto Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro, situación que, según los líderes de la protesta, evitaría una nueva concesión privada por varias décadas más.
“Es una noticia positiva para la región. La vía debe retornar al Estado y no continuar otros 30 años en manos privadas”, aseguró el abogado Álvaro García, uno de los promotores de la movilización, tras la mesa de diálogo adelantada durante el fin de semana.
García explicó además que los manifestantes solicitarán al Gobierno nacional revisar jurídicamente la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato de concesión con Autopistas del Café. “Creemos que esta vía ya se pagó y que la ciudadanía está cansada de los peajes. Hay mecanismos legales para revisar una terminación anticipada del contrato y eso es precisamente lo que estamos pidiendo”, sostuvo.
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Invías, una opción que genera dudas
Aunque reconoció que el proceso depende de análisis técnicos, financieros y jurídicos, García señaló que existe expectativa frente a la posibilidad de que el corredor vial sea administrado nuevamente por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Sin embargo, algunos transportadores manifestaron preocupación frente a esa posibilidad, pues consideran necesario establecer primero si la entidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para asumir la operación del principal corredor vial del Eje Cafetero.
Por su parte, el abogado Oswaldo Ocampo, otro de los voceros de la protesta, explicó que una de las propuestas planteadas a la mesa consiste en crear una zona de influencia entre Chinchiná y Santa Rosa de Cabal para mejorar las condiciones de transporte entre ambos municipios. “Lo que buscamos es que exista reciprocidad para los servicios de taxi y transporte mixto entre Chinchiná y Santa Rosa, especialmente pensando en los usuarios que necesitan movilizarse hacia el aeropuerto y otros sectores cercanos”, explicó Ocampo.
Según indicó, la propuesta permitiría revisar posibles tarifas diferenciales para los transportadores y fortalecer la integración vial entre municipios del Centrosur de Caldas y Risaralda.
El líder agregó que espera que la iniciativa sea discutida técnicamente durante la próxima reunión programada con representantes del Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior y la ANI. “Tenemos confianza en que las casetas finalmente se van a levantar, pero mientras eso ocurre también necesitamos soluciones para los transportadores y las comunidades que usan esta vía todos los días”, afirmó.
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Debate político
Mientras avanzan las mesas de negociación, el anuncio del viceministro del Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, generó reacciones, luego de que el funcionario defendió el carácter pacífico de las movilizaciones y aseguró que las personas que participaron en los bloqueos no serán judicializadas.
“Esta movilización se encuentra dentro del marco del Decreto 003 de 2021. Es una protesta pacífica y legal, las personas que están participando no han cometido ningún delito”, afirmó el funcionario durante la jornada de diálogo en el peaje Tarapacá II.
“Todo lo que ha generado problemática con la población la idea es que no se repita”, manifestó el viceministro, quien reiteró que no se adelantarán procesos judiciales contra quienes participaron en la protesta.
Sin embargo, el abogado Simón Arango Noreña, dirigente del Centro Democrático, aseguró que durante las manifestaciones “había un grupo de personas que legítimamente estaban alzando su voz de una manera pacífica” aunque otro grupo habría protagonizado daños contra la infraestructura del peaje. “Con machetes y palos deterioraron las talanqueras y las casetas. Eso podría tipificarse como daño en bien ajeno”, manifestó.
El dirigente político también cuestionó la presencia de comunidades indígenas en las protestas y aseguró que algunas personas habrían sido trasladadas desde otros municipios del departamento para participar en las movilizaciones.
Además, lanzó fuertes críticas contra el congresista Santiago Osorio. “Si no es capaz de actuar con la ética y la responsabilidad que exige el cargo de representante a la Cámara, entonces debería renunciar”, afirmó Arango.
Por su parte, el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín aseguró que su interés principal no está en obtener réditos políticos, sino en lograr el retiro de los peajes de Autopistas del Café. “A mí no me importa si me reconocen o no este trabajo. Lo que me interesa es que se retiren los peajes y que el departamento tenga bienestar”, respondió el congresista durante la jornada de protesta.
Osorio agregó que, aunque ha acompañado las movilizaciones y las mesas de diálogo, las decisiones frente a una eventual terminación anticipada de la concesión dependen exclusivamente del Gobierno nacional y de los análisis técnicos y jurídicos que se adelanten.
“El Gobierno les va a hacer un planteamiento respecto a una terminación anticipada, pero eso no lo defino yo. Yo hago propuestas y control político, pero las decisiones las toma el Gobierno Nacional”, explicó.
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