En Manizales se llevó a cabo entre el jueves y viernes la audiencia de aporte de verdad de nueve comparecientes que pertenecieron al Frente 47 de las extintas Farc, vinculados a homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas entre el 2002 y el 2007.
No se dejó extorsionar
Los exmiembros hablaron del crimen, el 14 de octubre del 2006, del alcalde electo de Marulanda, Rigoberto Castaño Tovar. Él se movilizaba entre el sector La Cañada de Las Marías y el corregimiento de San Félix (Salamina), con destino a Manizales, cuando los subversivos lo interceptaron y le dispararon.
Por el homicidio condenó la justicia ordinaria a Fermín Antonio Cano Cardona, Jhon Elmer Patiño Osorio, Raúl Patiño Molina y Jainiver Restrepo Osorio. El primero contó que desde los 16 años perteneció a la guerrilla y le ordenaron matar al burgomaestre porque no quería colaborar, es decir, entregarle dinero.
Sin embargo, el día que debía asesinarlo, no alcanzó a interceptarlo y por eso le abrieron una investigación por desobediencia. Aunque dijo que no fue el autor, sí recibió una sentencia por complicidad.
Jainiver Restrepo Osorio añadió que junto a un compañero se ocultó durante toda la noche, hasta que vio pasar el carro, tenían las características de la víctima y aunque tenían dudas sobre si era el objetivo, le dispararon.
Además, Raúl Patiño Molina contó que residía en una finca y aunque no era miembro, sí se encargaba de suministrarles comida a los guerrilleros que transitaban por la vereda Las Peñas de Carretera. Este se encargó de brindar información sobre Castaño Tovar, y confesó que no sabía que lo iban a matar.
Jhon Elmer Patiño Osorio también terminó condenado por su complicidad, dijo que también les llevaba remesas y alimentación a los subversivos, y colaboraba porque ellos (las Farc) mandaban con las armas. Dijo que tampoco sabía que pretendían asesinar al alcalde.
Sacerdote, condenado por rebelión y desplazamiento
Otro que intervino fue el cura Pedro Pablo Reinoso Marín, condenado por la justicia ordinaria por desplazamiento forzado agravado y rebelión. Por petición suya a alias el Zarco, responsable político del Frente 47, ordenaron al profesor Augusto Molina Granada salir de Samaná, en marzo del 2007.
Especificó que tenía diferencias personales con la víctima. Desde el 2005 empezó a tener relación con la guerrilla, cuando fungía como sacerdote y docente del corregimiento de Florencia, ante la fuerte presencia armada y los enfrentamientos entre grupos armados.
Reinoso Marín empezó a tener acercamientos con los comandantes para facilitar el ingreso de brigadas médicas, docentes y ayudas institucionales a las veredas, y a su vez, brindó información sobre los movimientos de tropas del Ejército en la zona.
A él lo señalan también de ordenar la desaparición del profesor Pedro Julio Quiceno Morales. Dijo que lo conoció desde el 2002 en Florencia, y lo describió como un hombre bueno, trabajador y dedicado a su labor educativa.
El 8 de octubre del 2007, cuando desapareció el docente, dijo que estaba en La Dorada en una capacitación del Comité Departamental de Cafeteros. Tras saber sobre lo ocurrido, manifestó que consultó con los integrantes del Frente 47, quienes negaron saber qué ocurrió.
Reinoso Marín recibió en febrero del 2008 la información de una docente, quien le contó que a Quiceno Morales lo habían sacado por la vereda Chochal hacía Antioquia, donde lo tuvieron retenido y murió en un supuesto enfrentamiento armado. Dijo que entregó esa información a la Fiscalía para que investigara.
Karen Sofía Montaño, abogada de las víctimas, solicitó a la JEP que se fortalezcan las acciones de búsqueda, y también que el Zarco y el Zorro intervengan ante la JEP, para profundizar sobre estos hechos.
La JEP indicó que ante esta solicitud, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero ordenó la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, con fundamento en la Ley 971 de 2005 y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Se debe informar a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y contrastar información con la Fiscalía y la Registraduría Nacional.
Lo asesinaron y desplazaron a su familia
El último caso correspondió al asesinato de Gustavo Aristizábal Rendón, el 11 de junio del 2002, en Samaná. Eso llevó a que su familia saliera desplazada del municipio.
Ever Duque Duque, Conrado de Jesús Gutiérrez Arias, José Erledis Rondón Londoño y José William Martínez Tangarife tuvieron participación en dicho hecho. Un comandante identificado como Libardo Antonio Largo, alias Salomón, y otro que comandaba una escuadra, Corzo, dieron la orden.
Gracias a información que entregaron los comparecientes, en la vía entre La Quiebra del Abejorro y el corregimiento de Florencia, la Fiscalía exhumó el cuerpo, y en junio del 2022 se hizo la entrega digna.
Lo que sigue
Tras finalizar los testimonios de aporte a la verdad de los comparecientes, el magistrado explicó que ahora se avanzará en la construcción de medidas de contribución a la reparación simbólica a favor de las víctimas.
Por las víctimas
Angie Dariana Aristizábal Orozco, hija de Gustavo, solicitó como medida restaurativa la instalación de una placa conmemorativa en homenaje a su padre y a las víctimas del conflicto armado.
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