Colombia padece una época de polarización y radicalización, especialmente en un momento en el que se aproximan las elecciones presidenciales. En medio de esos enfrentamientos, el país sigue poniendo víctimas.
Y pese a las constantes críticas y la impopularidad que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta continúa en una labor que completa ocho años, que hasta ha mostrado emotivos momentos de perdón y reconciliación.
Antes de iniciar las audiencias el pasado jueves en Manizales, con comparecientes que fueron miembros o colaboradores de las Farc, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero abrió un espacio para dialogar con LA PATRIA.
Las Farc, el espinoso camino y la emotividad
Tenemos que recordar y la sociedad debe conocer y empezar a admitir que estos son procesos de carácter restaurativo, son diferentes de los adversariales que se llevan a cabo en la justicia ordinaria.
Los comparecientes, que en este caso son antiguos miembros del Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea que participaron en el conflicto, y los exguerrilleros de las Farc tienen que asumir otra actitud en una justicia de carácter restaurativo.
Acá se toman las investigaciones, los procesos y las sentencias de la justicia ordinaria sobre estos comparecientes y los graves hechos, y en el proceso transicional restaurativo dialógico, se adelanta la definición de la situación jurídica de estos comparecientes.
Para ello se conceden unos beneficios, primero que son penales preliminares y luego definitivos. En este proceso se dan las audiencias de carácter dialógico, en los que las víctimas y los comparecientes se preparan conociendo primero qué es el proceso restaurativo y luego con una asistencia psicosocial se disponen a cambiar esa actitud para venir a estas audiencias.
La justicia en Colombia ha tratado de solucionar los graves crímenes del conflicto, pero no ha podido luego de unos 65 años de guerras con las Farc, donde se ocasionaron de ambas partes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. La justicia intentó resolver caso a caso, con grandes esfuerzos se lograron algunas sentencias ejecutoriadas, otras quedaron en juicio, muchos en investigación y otros, sin investigar.
Con la justicia transicional se busca acumular estos casos, definir unos patrones de macrocriminalidad, juzgar a los máximos responsables para que tengan sentencias no sancionatorias.
La impopularidad de la JEP
El conflicto armado ha dejado un número muy alto de víctimas, de casi 9 millones, somos generaciones que nacimos y crecimos dentro del conflicto y siempre estuvimos guiados por la radicalización del conflicto y por la polarización. Dar la posibilidad de una solución jurídica distinta a la tradicional que la sociedad no conoce, pues no lo va a admitir.
Y en esto, la labor de los medios de comunicación es esencial y fundamental. Si estas audiencias se difunden y como la obligación de los comparecientes es aportar verdad, permite a las víctimas comprender por qué se cometió el crimen, por qué se se seleccionó a su familiar, a su amigo, quiénes la ejecutaron o quienes dieron la orden.
Del significativo 6.402 al 7.837
Por la investigación rigurosa de la JEP se va determinando cuáles fueron esas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, se amplió a otras bases de datos y el número de víctimas identificadas se amplió a 7.837. La primera cifra estaba del 2002 al 2006, mientras que aquí se amplía desde 1990 al 2016.
Eso nos debe llevar a la reflexión de que las cosas tienen que cambiar, porque tiene que llegar el momento en el que se detenga, no puede seguir acarreando este tipo de violaciones a los Derechos Humanos, porque no vamos a tener una sociedad en paz que es un derecho fundamental.
Los comparecientes, en Manizales
Los comparecientes son ocho exmiembros del frente 47 de las Farc que tuvieron presencia en Caldas y son responsables de unos delitos de asesinato, desaparición y desplazamiento forzado, se sometieron a beneficios de libertad condicionada y les llegó el momento de rendir cuentas, pero no ante la JEP, sino ante la sociedad colombiana.
Quienes participaron en el crimen de Rigoberto Castaño Tovar, alcalde de Marulanda en el 2006, tienen una situación jurídica de la justicia ordinaria que la tuvimos en cuenta y ellos presentarán su aporte de verdad. Los escuchará la sociedad y las víctimas serán las que tengan inicialmente la palabra para decir si están conformes.
Esta reparación tiene que estar acompañada de otras como el aporte de verdad, acompañada de una dignificación de las víctimas y eso pasa por retirar y limpiar los nombres de las víctimas de los falsos señalamientos que hicieron, deben garantizar la no repetición.
En resumen
La sociedad debe conocer qué es el proceso restaurativo y qué es lo que brinda, porque si usted entiende y comprende, opta en querer y asumir lo que vio del proceso, pero si no lo entiende, si va también en un negacionismo, que también es decir que eso no tiene solución, vamos a seguir en la polarización y radicalización que van en contra del derecho a la paz.
Son ocho años que llevamos con la JEP. Las víctimas fueron personas de alta vulnerabilidad, mujeres, niños y jóvenes de un origen social muy deprimido, sin condiciones de educación, la mayoría en condiciones económicas muy difíciles y ellas fueron las víctimas del conflicto, las que sufrieron.
El conflicto no fue totalmente en Bogotá, sino en las veredas y en los campos de los municipios y los departamentos, donde en su momento la gente tendrá que recordar que no se podía vivir, estaban confinados, restringidos y el actor armado era quien dominaba y determinaba aún a nivel nacional.
Las víctimas
Pedro Julio Quiceno Morales, Rigoberto Castaño Tovar, Gustavo Aristizábal Rendón y Carlos Augusto Molina Granada fueron cuatro víctimas de las Farc en Caldas, sobre quienes sus familias buscan respuesta. Los excombatientes y colaboradores deben responder por desplazamiento forzado, desaparición y homicidio.
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