Pedro Julio Quiceno Morales, Rigoberto Castaño Tovar, Gustavo Aristizábal Rendón y Carlos Augusto Molina Granada fueron víctimas de la violencia ejercida por grupos armados ilegales en medio del conflicto en Caldas.
Ellos fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada, a manos de miembros del Frente 47 de las extintas Farc, que tuvo presencia en 10 municipios del Departamento, y otros cuatro de Antioquia entre el 2002 y el 2007.
Entre este jueves y el viernes se lleva a cabo la Audiencia Territorial de Aporte de Verdad, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Son nueve exintegrantes y colaboradores del grupo guerrillero señalados de cometer los delitos contra estos ciudadanos.
Los crímenes por los que responden
Entre los aportantes están personas que participaron en el homicidio de Rigoberto Castaño Tovar, alcalde de Marulanda, el 14 de octubre del 2006. Lo interceptaron en el sector de la Cañada Las Marías, en la vía que comunica con el corregimiento de San Félix (Salamina).
Se dirigía a Manizales en un carro, lo obligaron a descender y lo asesinaron con disparos de fusil. Fermín Antonio Cano Cardona, Raúl Patiño Molina y a Jhon Elmer Patiño Osorio terminaron condenados por el crimen.
Los otros hechos corresponden al desplazamiento forzado del profesor Carlos Augusto Molina Granada, la desaparición forzada del también docente Pedro Julio Quiceno Morales, y el homicidio de Gustavo Aristizábal Rendón, lo que provocó la huída de su familia.
No son ruedas sueltas: magistrada
En la audiencia estuvo presente de manera virtual como testigo Hernán Gutiérrez Villada, alias Gadafi, contra quien existen 11 investigaciones activas y está vinculado a los macrocasos 01 (toma de rehenes), 07 (reclutamiento y uso de niños) y 10 (crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las Farc).
Actualmente acompaña labores en búsqueda de desaparecidos. Dijo que los desplazamientos se dieron por cuenta de enfrentamientos de las Farc con miembros del Ejército, asociados con las Auc, y como consecuencia, la población civil huía.
Añadió que eran los paras quienes quemaban casas y escuelas para que la gente no regresara y aunque no niega delitos, muchos se dieron sin que los cabecillas se dieran cuenta de lo que hacían quienes quedaron dispersos, y un ejemplo fue Fabio Muelas.
El otro testigo fue Rubén Darío Ortiz, alias Moncholo. En su contra hay 13 investigaciones activas, está vinculado a los macrocasos 01 y 03, y está convocado al 10, pero no como compareciente. Sostuvo que los desplazamientos masivos era daños colaterales y solo obligaban a irse a gente por malos comportamientos o por ser informantes de los enemigos.
Para ambos exmiembros de las Farc, que ostentaron cargos de poder, hubo casos que correspondieron a ruedas sueltas. Sin embargo, eso generó la respuesta de la magistrada Diana María Vega Laguna, quien manifestó que esas declaraciones no benefician el proceso.
Les recordó que las Farc actuaron en conjunto, no existieron esos actos independientes y se debían respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y el objetivo en dicha diligencia es aportar a la verdad y respetar a las víctimas.
Presiden las audiencias
El magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Pedro Elías Díaz Romero preside el acto en Manizales. Lo acompañan las magistradas Diana María Vega Laguna y Laura Andrea Ordóñez Montoya.
Los actos del Frente 47
- Cabecillas como Karina, Gadafi, Moncholo e Iván Ríos rendían cuentas ante Noel Matta Matta, Efraín Guzmán, y Luciano Marín Arango, Iván Márquez.
- Su zona campamentaria estaba entre Sonsón y Argelia (Antioquia) y la retaguardia comprendía corredores hacía Samaná y Pensilvania. No solo era una ruta de movilidad, sino también para tener presencia en áreas montañosas de difícil acceso.
- Hacían presencia en Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco (Antioquia), y Samaná, Manzanares, Salamina, Pácora, Aguadas, Supía, Victoria, Aranzazu, Marulanda y Pensilvania.
- El universo provisional de hechos consta especialmente de retención ilegal, desplazamiento forzado, homicidio, amenaza y desaparición forzada.
- 1.083 víctimas de secuestro, 405 de desplazamiento, 324 de homicidio, 134 de amenaza y 123 de desaparición forzada.
- El secuestro extorsivo y la extorsión fueron fuentes de financiación predominantes. Cobraban a empresas de transporte, industria y minería. También se dedicaron al tráfico de coca.
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